Desde antes de que iniciara el proceso electoral de 2018, se discutió la posibilidad de establecer la segunda vuelta electoral y reducir el financiamiento a los partidos. Como ocurre después de cada elección, circulan propuestas para enmendar nuestras leyes electorales.
Los perdedores buscan candados ante lo que consideraron inequitativo; unos y otros piden acotar o fortalecer las atribuciones de las autoridades electorales; algunos más proponen modificaciones de fondo como eliminar a los OPLES o modificar la estructura del INE.
En la feria de ocurrencias se olvida la integralidad que deben tener los cambios para resolver en conjunto los excesos y barroquismos de nuestra actual legislación.
La reforma de 1996 fue exitosa porque visualizó en conjunto, al menos cinco elementos: (1) fortalecer la equidad en las condiciones de la competencia partidista; (2) dar independencia y autonomía a los órganos electorales; (3) fortalecer el régimen de partidos políticos; (4) fortalecer los instrumentos de la justicia electoral; y (5) democratizar al entonces Distrito Federal.
En los últimos 22 años nuestra democracia cambió, se incorporó el derecho de los mexicanos en el extranjero a poder ejercer su voor y dos reformas electorales modificaron el modelo de comunicación política de los partidos y transformaron el IFE en INE, entre otros muchos cambios.
Hoy se cruzan tres factores que anuncian una nueva reforma. Primero, prevalece la desconfianza como motor del barroquismo de las leyes electorales.
Muchos procedimientos serían mucho más económicos y eficientes si se eliminaran candados de vigilancia innecesarios; segundo se mantiene la percepción sobre el alto costo de la democracia y del financiamiento a los partidos; y tercero, además de que el sistema INE-OPLEs requiere de ajustes, las diferencias de criterios entre el INE y el Tribunal Electoral claman por definiciones precisas en la ley.
El IFE había logrado que los procedimientos electorales estuvieran sustancialmente resueltos, pero temas como candidatos independientes, casilla única, concurrencia de elecciones locales y federales, etcétera, implican de una revisión a fondo. Por lo anterior, resulta preocupante que se lancen propuestas aisladas, fuera de contexto, sin considerar implicaciones y efectos en la calidad de las elecciones.
Cito como ejemplos: se propone reducir el financiamiento a los partidos en 50%; se buscan fundir las Direcciones Ejecutivas de Capacitación y la de Organización Electoral en el INE; se sugiere desaparecer los OPLEs y concentrar todo en el INE. Nuestra democracia requiere de un ajuste en nuestras leyes que mire al fondo de los problemas de manera integral, no a través de parches que se desentiendan de las consecuencias, para solo ver el efecto mediático o el revanchismo político. En tiempos de transformación, es hora de una reflexión integral para cambiar integralmente.
ARTURO SÁNCHEZ
DECANO DEL ITESM Y EX CONSEJERO ELECTORAL
@ARTUROSANCHEZG