“El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor”. Confucio
En el artículo anterior (El Heraldo de México, 15 de enero de 2018, p. 10), postulaba que los capítulos de uso y ocupación superficial de las leyes energéticas se incluyeron en una jugada maquiavélica, por la que los gobernantes transfirieron a los desarrolladores el costo político que implica conseguir la tierra y derechos de vía necesarios para la construcción de la infraestructura necesaria. Sin embargo, a casi cuatro años de la reforma, es claro que dichos capítulos tienen varios sinsentidos, no dejan contenta a ninguna de las partes involucradas y, sobre todo, no están funcionando, dejando a muchos proyectos muy importantes para el país como eso: sólo como proyectos. Siendo esto así, la pregunta es ¿cómo lo solucionamos? Veo dos opciones: la primera, modificando los capítulos para erradicar sus peores tropiezos, y la segunda, derogándolos por completo. Para arreglar el desaguisado, ¿realmente tenemos que modificar las leyes energéticas que tanto trabajo costaron? ¡Sí, seguro sí! Desafortunadamente, de hoy a julio de este año, y probablemente hasta el 1 de diciembre, cualquier reforma a las leyes energéticas se antoja poco más que imposible. Okay, pero asumiendo que nuestros estimados gobernantes, queriendo no cometer otro error mayor, deciden corregir su error y se atreven a modificar las leyes, ¿por cuál de las dos opciones deben optar? Algunos pensarán que es más conveniente mejorar el sistema y dejar a los desarrolladores la opción para obtener la tierra por la vía de la negociación forzada o servidumbre legal; esto, por ejemplo, frente al riesgo de que llegue un presidente que se oponga a la reforma energética, dejando a los interesados una salida para conseguir la tierra y los derechos de vía que necesitan para sus proyectos. Yo no estoy tan seguro del argumento porque, aunque la ley les siga concediendo el derecho, si con un Ejecutivo volcado a la implementación de la reforma no está funcionando, ya se imaginarán lo que pasará con un Ejecutivo que ejerza su facultad de estorbar. Así que, en realidad, los desarrolladores no tienen algo que perder. Por otro lado, eliminando por completo los capítulos de uso y ocupación superficial, podemos regresar a figuras veteranas y probadas para asegurar la tierra para proyectos de energía, como es la expropiación, la cual bajo el marco regulatorio actual queda excluida, pero ésa es harina de otro costal. Ahora, no está todo perdido y las ocurrencias del Ejecutivo y legisladores alcanzaron para algo, la inclusión de la contraprestación participante y de las evaluaciones de impacto social son grandes propuestas. Con estas figuras y la expropiación como vehículo de justicia social, regresaremos en un siguiente artículo. Hasta entonces.
SOCIO DE O’GORMAN&HAGERMAN