Canadá ha dado un paso más en su convicción de promover la interrupción del embarazo como método para reducir las posibilidades de que una mujer se estanque o caiga en la pobreza y a partir de agosto próximo entregará píldoras abortivas gratuitamente en la provincia de Ontario, una de las más importantes del país.
Este subsidio es un nuevo tipo de dádiva que se aleja cada vez más de los métodos de reacción a la prevención. De dar el poder de decisión a la mujer en lugar de darle limosnas o paliativos cuando ella no se está en condiciones de criar a un niño indeseado por salud física, social, económica o mental.
La píldora abortiva se autorizó en Canadá en 2015 (30 años después de Francia, 15 después de Estados Unidos) hasta antes de las 49 días de gestación y tiene dedicatoria especial para las mujeres rurales que viven en zonas alejadas donde no es tan fácil recurrir al legrado, aunque éste es legal en todo el país desde 1989.
Es diferente a la píldora del día después que se debe tomar sólo horas después de una relación sexual sin protección.
El camino para lograr la píldora abortiva no fue fácil dada la oposición de grupos con peso político durante los nueve años de gobierno del ministro conservador Stephen Harper (de 2009 al 2015), pero cuando al fin se logró, a la ministra de Salud, Rona Ambrose, no le quedó otra que aceptarlo. “Se autorizó con base en evidencias científicas’’, dijo. Desde entonces las canadienses que quieren tomarla sólo acuden a una consulta médica, pagan 350 dólares por la píldora y ahí les dan una primera dosis, se van a casa, durante las siguientes 24 horas toman otras cuatro y regresan al hospital para una revisión final.
La gratuidad del medicamento que anunció Ontario para el verano es una escalada en el método porque además llevará capacitación de médicos, enfermeras y practicantes que acompañen a quienes tomen la decisión. No es cualquier medida por tratarse del segundo país más extenso del mundo (después de Rusia) con 35 millones de habitantes, tres millones de los cuales están catalogados oficialmente como pobres, o sea, que se las ven duras para llegar a fin de mes.
Las autoridades canadienses reconocen con base en estadísticas y cruce de datos que hay una la relación entre los 100 mil al año con la baja en la pobreza y el empoderamiento de la mujer: desde la legalización se redujo a la mitad el número de madres menores de 30 años, la taza de fecundidad promedio es de 1.5 hijos y la escolaridad universitaria y de postgrado se duplicaron.
En marzo pasado, cuando el presidente Donald Trump anunció que cancelaría los fondos de apoyo a organizaciones que promueven la interrupción del embarazo, el ministro canadiense Justin Tradeau reviró que donaría 650 millones de dólares para los derechos sexuales y reproductivos en los países más necesitados como ya se hace en su país, uno de los mejores en calidad de vida.