Hace pocos días, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, presentó ante los medios de comunicación diversas acusaciones al gobierno federal, respecto de la omisión de realizar diversas transferencias por $780 millones de pesos aproximadamente de recursos federales a su estado, sugiriendo que eran represalias por la lucha anticorrupción que ha emprendido su administración en contra de diversos exfuncionarios, incluido el exgobernador César Duarte.
Estas transferencias correspondían a recursos extraordinarios solicitados por dicho estado, distintos a los 43 mil 56 millones de pesos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales que recibió su estado en 2017 (2 mil millones de pesos adicionales al monto aprobado por la Cámara de Diputados). Y que estas transferencias estaban su- jetas a la condición de que existiera disponibilidad presupuestal, misma que afectó de igual forma a Tlaxcala y Zacatecas.
La lucha anticorrupción que ha emprendido Javier Corral tiene grandes deficiencias, que dejan entrever que se guía por tintes políticos y acciones meramente mediáticas. Es importante recordar que el gobierno de Chihuahua es una de las entidades más atrasadas en la implementación de su Sistema Anticorrupción, minando así el diseño de políticas públicas anticorrupción integrales, y limitando la participación ciudadana en esto.
Aquí unos datos:
- No ha adecuado cuatro de las siete leyes necesarias para la implementación del Sistema Anti- corrupción;
- No se han nombrado a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Estado.
- No se ha nombrado al fiscal anticorrupción.
- No se han designado a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal que representarán a la Auditoría, al Consejo de la Judicatura y al Tribunal de lo Contencioso.
Los chihuahuenses votaron en contra del PRI por el hartazgo social a la corrupción, y Corral ha demostrado no estar a la altura de estas exigencias ciudadanas. La lucha anticorrupción no sólo es una cacería de brujas en contra de exfuncionarios; la lucha anticorrupción debe incluir un cambio estructural e incluyente donde sociedad y gobierno trabajen de manera conjunta y transparente para erradicarla.
El martes hubo un acercamiento entre el gobierno federal, vía la Secretaría de Gobernación, y Corral. Falta ver si se concretan los primeros acuerdos. Ojalá el gobernador comprenda la importancia de implementar el Sistema Anticorrupción de Chihuahua, y presione a los actores involucrados con la misma intensidad con la que lo hizo por un monto aproximado a 1% de su presupuesto estatal. Fuente: Sistema Nacional Anticorrupción. http://sna. org.mx/SLA/CHIH.pdf
DIPUTADO FEDERAL DE MORENA