Para todos los que pensaban que aquellas prácticas de represalia en las que incurrían en el pasado diferentes actores de gobierno habían quedado en el pasado, y que ya solo eran parte de la historia política del país, resulta que en la Procuraduría General de la República (PGR), que ahora encabeza Alberto Elías Beltrán, se está dando una muestra de que esto sigue muy presente.
Se trata de un asunto que hemos venido tocando en este espacio, como lo son las diversas irregularidades ocurridas en la licitación para los Servicios de Limpieza en el organismo, contrato que asciende alrededor de 77 millones de pesos y fue adjudicado a la firma Fireky, del empresario Fernando Sanromán.
Pues resulta que la PGR se está prestando a la recepción de una denuncia sin fundamento registrada bajo el número FED/CDMX/SZS/0000722/2018, la cual fue presentada el pasado 15 de enero, por la empresa Administración Virtual del Servicio de Limpieza.
Al analizar y conocer el asunto, es evidente que dicha denuncia no tiene fundamento jurídico alguno, y que sólo es utilizada como medida de presión en contra de la empresa Reisco Operadora de Servicios, la cual presentó un Recurso Administrativo de Inconformidad versus el Fallo de la licitación LA-017000999-E529-2017, que como ya dijimos fue ganada por Fireky, empresa que casualmente pertenece al mismo grupo de la hoy denunciante.
Pero ahí no para el asunto, ya que la firma Administración Virtual del Servicio de Limpieza, no tiene ni puede acreditar su interés Jurídico en la Denuncia que presentó, ya que en la licitación que menciona en la misma, no sólo no participó, sino que ni siquiera compró las bases del procedimiento, lo que por Ley no le permite inconformarse, además de que en dicho concurso no hubo una sola inconformidad por parte de los participantes.
Ante este escenario la PGR podrá decir que nada es cierto y nada tiene que ver, sin embargo valdría la pena preguntarse por qué si la denuncia establece supuestos hechos respecto de la Licitación Pública Nacional HCD/LXIII/LPN/11/2018 de la Cámara de Diputados, misma que concluyó el 22 diciembre de 2017, y la inconformidad presentada en el OIC acuerda su admisión y trámite el día 3 de enero 2018, ¿por qué en los días posteriores a estos hechos (15 de Diciembre) es que se formula esta denuncia en la Mesa IV de la Unidad de Atención y Determinación Zona Sur, y el agente del Ministerio Público Daniel Iván Ruiz Medina, le da trámite aún sin cubrir los requisitos legales para tales efectos?
Sin duda el procurador Alberto Elías Beltrán y su equipo cercano tendrán que analizar este caso, poner mucha atención en los detalles y empresarios involucrados, ya que todo indica alguien se los quiere llevar entre las patas.