Parta tratar de combatir la corrupción de funcionarios públicos en México, gobiernos priistas y panistas han propuesto desde hace medio siglo, por lo menos, planes, programas y estrategias donde se ha considerado la cárcel; cortarle las uñas de las manos y de las patas a los corruptos, exhibirlos, quitarles lo que se robaron, y una larga serie de acciones legales y administrativas. Nada ha dado resultado. Incluso las instituciones que en ese lapso se crearon para prevenir y sancionar ese flagelo, se convirtieron en “tapaderas” de la corrupción.
Ayer, los priistas festejaron con bombo y platillos que su candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, haya hecho un anuncio sin precedentes para erradicar la corrupción y la impunidad, al tiempo que presentó ante los presidentes de los tres partidos que lo postulan una iniciativa que busca combatir de fondo este cáncer que tanto ha lastimado a nuestra sociedad.
Meade reconoce la indignación de la ciudadanía, y como parte de ésta decide comenzar ya con medidas que permitan diseñar un marco jurídico robusto, fortalecer las instituciones e instrumentar políticas públicas de rendición de cuentas permanentes de los políticos con los ciudadanos, argumentan los priistas, que enumeran los tres ejes de acción que plantea la iniciativa.
- Que los corruptos devuelvan lo que se robaron para utilizar esos recursos en un fondo de becas para niños, niñas y mujeres, para fortalecer la economía familiar.
- Aumentar las penas para servidores públicos deshonestos, con lo cual se busca inhibir las acciones deshonestas.
- Establecer la obligatoriedad de la declaración patrimonial para altos funcionarios y legisladores.