Como es ya del conocimiento público, la reforma Fiscal en Estados Unidos fue aprobada y convertida en Ley en los últimos días del 2017, lo que sin duda se traduce en un logro político muy importante para el presidente Trump y, a su vez, en una preocupación para los principales socios comerciales de ese país, como México.
Esta reforma prevé cambios significativos, tanto a nivel corporativo como para las personas físicas sujetas al impuesto sobre la renta en dicho país, que se traducen en reducciones a sus tasas impositivas, con el objetivo de incentivar la repatriación de negocios y creación de trabajos.
Los temas más importantes de esta reforma pueden resumirse en las siguientes:
1.- Reducción en la tasa corporativa al 21% (cuando en México es del 30% más un 10% adicional al pagar dividendos a personas físicas o extranjeros).
2.- Nuevos límites para la deducción de intereses derivados de préstamos contratados por residentes en EU, lo cual incrementa la tasa impositiva efectiva si se compara con el régimen fiscal en México, que sí permite la deducción de intereses reales.
3.- Un gravamen sobre las utilidades mantenidas por grupos americanos fuera de EU, con el propósito de incentivar su retorno a ese país.
4.- Incluye un sistema de exención por dividendos provenientes de fuera de EU, también para incentivar el retorno de las utilidades.
5.- Deducción del 100% en la inversión en activos adquiridos de septiembre de 2017 al 1 de enero de 2023, con el propósito de incentivar la inversión.
5.- Se establecen reglas para penalizar pagos realizados por residentes en EU al extranjero.
Sin duda, estas medidas provocan, en el mejor de los casos, que la competencia entre EU y México para recibir nuevas inversiones sea mucho más fuerte, pues aun cuando México ha resultado atractivo en el pasado por sus costos de mano de obra, el diferencial de tasas impositivas podría provocar que el ahorro teórico en ese costo deje de ser atractivo, y resulte mejor pagar mayores costos de mano de obra en EU, a cambio de pagar menos impuestos.
Estos cambios invitan al gobierno de México a reaccionar de manera inteligente, con el establecimiento de incentivos serios y tangibles a la inversión productiva, la implementación de una real simplificación en el sistema tributario, y por qué no, el fortalecimiento de las instituciones para disminuir los índices de corrupción e impunidad.
La tendencia en la política tributaria en México ha consistido, en los últimos años, en eliminar beneficios fiscales que lo hacían un país atractivo, o al menos competitivo, respecto de otros países, justificando tales medidas en la necesidad de recursos y el fortalecimiento fiscal del país.
Hoy, el razonamiento detrás de la política tributaria requiere cambiar para enfocarse en el fortalecimiento de las herramientas que garanticen el crecimiento sostenido de la economía en el largo plazo.
Será interesante retomar las discusiones técnicas, más que políticas, en temas como la del IVA generalizado, la consolidación fiscal o establecimiento de vehículos híbridos fiscalmente, eliminación de limitantes en deducciones sin justificación de fondo, establecimiento de un mecanismo de deducción inmediata generalizado y permanente, etcétera.
Y reconocer que este tipo de incentivos, aunque pudieran parecer costosos en el corto plazo por la baja inmediata en la recaudación, son por el contrario verdaderos motores de la actividad económica, que a largo plazo se puede traducir en un fortalecimiento sostenido de la economía en México, y en este sentido, en una defensa eficaz ante la política tributaria de nuestro país vecino.
Por Raúl Morales Medrano
Presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México