En que momento utilizar el transporte público de la ciudad se volvió un asunto de terror, esto va más allá de los problemas de saturación del transporte público o de las horas de vida perdidas para trasladarse en la Ciudad de México de un punto a otro. Resulta que se ha vuelto un tema cotidiano referirse a los asaltos con y sin violencia en el Metro, Metrobús, Trolebús, camiones, peseros.
Cifras del Índice delictivo de la Ciudad de México que reporta la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal indican que en 2017 se denunciaron 769 robos con violencia en el transporte público y 3 mil 240 sin violencia; pero a estos números hay que sumar la cifra negra de los que no hay registro y se estiman por arriba del 90 por ciento; de un 99 por ciento habla la diputada Elizabeth Mateos.
La semana pasada cerró con un tema escandaloso y preocupante, a un chofer de la ruta 18 que corre del Centro Histórico a Indios Verdes le dieron de balazos y le prendieron fuego a la unidad, a los pasajeros se les permitió descender del micro. Un evento de este tipo no se había presentado en la capital de país y habla de otro nivel de delincuencia.
Pero para la gente que tiene que recorrer diariamente la zona es cosa de todos los días el problema de los asaltos, las autoridades delegaciones en Gustavo A. Madero han implementado programas como "Frontera segura" porque 15 de sus colonias colindan con los municipios de Ecatepec, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, que puede inhibir pero no resuelve el problema. Incluso se comenta que los choferes pagan cuotas para que no asalten su unidad.
Los peseros que cruzan el Eje 5 y 6 de Benito Juárez a Iztapalapa o de regreso son una especie de ruleta rusa, hay gente que en seis meses la han asaltado cuatro veces, además del susto por ser amenazados con armas, las mujeres tienen que soportar manoseos e insultos.
Es este mes van dos llamados al gobierno de la ciudad, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría para que atiendan este problema, uno lo hizo la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el otro lo acaban de hacer en la ALDF; los capitalinos estamos como espectadores o víctimas ante este incremento de la violencia en el transporte público, pero no hay nuevas medidas o acciones concretas de la autoridad para contrarrestarlo.
En los camiones de RTP ahora llamados M1 hay cámaras, pero no están conectadas a una red, entonces sólo sirven para documentar lo ocurrido; en agosto del año pasado la Secretaría de Movilidad informó que en el nuevo reglamento se establecería la obligación de tener video cámaras conectadas al centro de monitoreo, pero no se incluyó en la normatividad publicada en septiembre.
Si se toma en cuenta que más del 67 por ciento de la población en la capital se mueve en transporte público, este debiera ser un tema prioritario y urgente para gobernantes y candidatos.