Hechos, no palabras

Los lugares comunes y las acusaciones sin sustento deben quedar atrás en este proceso electoral y, por fortuna, ya son evidentes los contrastes entre quienes siguen anclados en las ocurrencias y las descalificaciones, y José Antonio Meade, quien apuesta por un diálogo positivo y propositivo. Congruente con su historia personal y profesional, Meade es el único que hasta ahora ha presentado propuestas viables y concretas en temas como la corrupción y la impunidad, que laceran nuestra dignidad, la confianza en las instituciones, pero también nuestra economía y la seguridad. Al ser el único precandidato con una trayectoria tan amplia como intachable en el servicio público, entiende la ingenuidad de pensar que dichos problemas se acabarán por voluntad de una sola persona. Durante los últimos cinco años, México ha avanzado en el diseño de un marco normativo que dé forma a instituciones y mecanismos para frenar esas prácticas y sería irresponsable dejarlo inconcluso. Por eso, el precandidato de la coalición Todos por México puso la atención en pendientes como los nombramientos del Fiscal General y el de Anticorrupción, y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, e hizo un llamado a dejar las diferencias partidistas para alcanzar los acuerdos necesarios en el Senado, donde por cierto nadie podría tener funcionarios a modo, pues ninguna fuerza política tiene mayoría y se requieren dos terceras partes de la votación para cada nombramiento. La propuesta de José Antonio Meade incluye tres ejes de acción: confiscar dinero, propiedades y bienes de los corruptos, mediante una profunda reforma a la actual figura de extinción de dominio; incorporando la obligación de demostrar el origen lícito de su patrimonio. En caso de que no puedan demostrarlo, los bienes malversados regresarán al patrimonio público. El segundo eje es la pena máxima de cárcel para los corruptos, así como suspensiones e inhabilitaciones por periodos más prolongados para servidores públicos, dependiendo de la gravedad del daño patrimonial. Así, deberán pagar hasta tres veces el monto de los beneficios obtenidos indebidamente y quedarán inhabilitados para participar en procesos de contratación. Y el tercero consiste en la obligatoriedad para que, antes de ocupar un puesto con nivel de Director General o superior, las personas consideradas acrediten una certificación de su evolución patrimonial durante los cinco años previos. Y para que no haya dudas, Meade presentará en breve, a través de las fuerzas políticas aliadas en el Congreso de la Unión, una iniciativa de ley al respecto. Me gusta la idea de tener un Presidente de México como José Antonio Meade, capaz de afirmar y probar que su trabajo explica lo que es y lo que tiene, pero sobre todo, de generar los mecanismos legales e institucionales, para que los servidores públicos honrados y honestos no tengan que cargar con la vergüenza del inaceptable desempeño de otros. Por eso y por muchas razones que iré compartiendo en esta casa editorial, estoy sumada con gran entusiasmo y compromiso a un proyecto que tiene respuestas para ser el país que merecemos y anhelamos. Por Ana Lilia Herrera Anzaldo Senadora por el Estado de México @AnaLiliaHerrera