Ceguera crónica sobre seguridad y justicia

El problema de organizar las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad en diciembre es que se pierden de vista información tremendamente relevante para entender la crisis por la que atraviesa el país en materia de sus instituciones de seguridad. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicó el Modelo Óptimo de la Función Policial (MOFP) que además presenta el diagnóstico nacional sobre el estado que guardan las policías preventivas de las entidades federativas. Ante la pregunta si viviremos un 2018 igual o más violento que el año 2017 la respuesta es afirmativa con contundencia. Los datos del colapso de las instituciones de seguridad y justicia son aterradores. El país necesitaría triplicar al menos el número de policías preventivos que se tienen en los estados para llegar al promedio internacional que es de 280 policías por cada cien mil habitantes. Hoy nuestro país cuenta con tan solo 80 policías preventivos locales por cada cien mil habitantes (recordemos que usar tasas nos permite comparar estados pequeños y grandes con base en las necesidades de atención a su población). Además el salario neto promedio es de 9,933 pesos cuando debería ser de al menos 17,000 pesos, más prestaciones superiores a las de la ley como becas para los hijos, acceso a créditos de vivienda y fondos de retiro dignos para que sea atractivo contar con los mejores mexicanos en estas instituciones. Por otro lado, el Índice Global de Impunidad (IGI-2017) publicado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) destaca que el promedio internacional de jueces y magistrados por cada cien mil habitantes es de 16.2 y nuestro país apenas cuenta tan solo con 4.2. Esto genera cuellos de botella en el sistema de impartición de justicia y por lo tanto corrupción endémica. Como diablos queremos resolver los problemas de inseguridad e impunidad en este país si no invertimos más y fiscalizamos mejor los recursos para tener más y mejores policías y jueces. No he visto en ninguna de las propuestas electorales que se proponga de manera seria este binomio además del fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal federal y sus contrapartes en los estados. El MOFP y el IGI son dos instrumentos que dan luz sobre la ceguera que tenemos para salir de la trampa de inseguridad e impunidad en la que vivimos. Exijamos a los candidatos propuestas serias para corregir el rumbo del país y no ocurrencias como hemos escuchado las últimas semanas. Necesitamos invertir en más y mejores policías preventivos y de investigación así como en jueces y magistrados. Agenda estratégica. Para todos los candidatos y sus asesores revisar estos documentos que contienen mucha más información: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Diagnostico_Nacional_MOFP.pdf y http://www.udlap.mx/cesij/