El INE, el gato y el ratón

El Instituto Nacional Electoral está jugando al gato y el ratón con los partidos en México. En un lado, la autoridad electoral amplió su capacidad para rastrear el dinero en las campañas. En el otro, los partidos están retrasando la entrega de los reportes que exhiban cuánto están gastando y en qué. Mientras los candidatos juegan a ser precandidatos, sin competencia en sus coaliciones porque todos son precandidatos únicos, el INE ha montado un pequeño Ejército de mil monitoristas para rastrear sus gastos. Siguen desde eventos anunciados en Facebook hasta espectaculares con anuncios. En 2017, los partidos pagaron 667 millones de pesos en multas por haber entregado sus comprobantes de gastos de campaña tarde o con montos no comprobados. Esta vez, el caso más extremo hasta ahora es la campaña del panista Ricardo Anaya quien, según reportes oficiales entregados al INE, ya aceptó haber gastado 6.2 millones de pesos, pero oficialmente solo ha recibido 6,900 pesos de aportaciones del partido y simpatizantes. La apuesta del INE es averiguar el gasto por su cuenta. Como ejemplo, si una empresa de banquetes da servicio en un evento de precampaña, el INE ya puede pedir al SAT esa factura y enterarse de cuánto pagó, antes de que el Partido reporte el gasto. Con las nuevas facultades que anunció en los últimos días el Instituto, podrá pedir información al SAT en tiempo real sobre una empresa identificada como fachada, una que deba impuestos o que tenga operaciones sospechosas. Entonces el INE podría bloquearles como proveedores de los partidos en campaña. En estas últimas medidas podría estar la clave que haga de esta elección un proceso único. En las campañas más recientes, dígase la federal de 2012 o la del Estado de México en 2017, varios trabajos periodísticos detectaron grandes movimientos de dinero que fluyeron a través de compañías de papel, con nexos en paraísos fiscales o con allegados a los partidos. Después de una maquinaria de nexos y relaciones, parte de este dinero llegó al pago de representantes de casilla o los montos fueron desviados del erario público con rumbo aún desconocido. Los reportes de la Auditoría Superior de la Federación o del propio INE han comenzado a encontrar un modus operandi para explicar cómo sale el dinero del bolsillo de un privado o de una institución pública y llega a una campaña. Sin embargo, históricamente, el Tribunal Electoral ha validado cada elección, con el argumento de que los desvíos probados en campaña no cambiaron la intención del voto. Esta vez, el INE dejaría de ser reactivo en una operación de compra de votos o solo poniendo multas. Podrá bloquear la operación de alguna empresa clave en una estrategia para dispersar dinero, mientras aún no ha sucedido la elección. Veremos si la estrategia del gato y el ratón frena alguna operación en curso.