A finales de septiembre, el presidente Enrique Peña dio un giro tan relevante como inadvertido: en la coordinación de Estrategias en la Emergencia de los sismos hizo a un lado a Miguel Ángel Osorio, a quien correspondía coordinarlas como secretario de Gobernación, y las puso en manos del secretario de Hacienda, José Antonio Meade.
Ese momento es definitivo en la manera en la que Meade le ganó la mano a Osorio en la candidatura priista a la Presidencia. Para entonces Meade estaba más cerca del Presidente que cualquiera de sus competidores y comenzaba a acumular las 300 entrevistas que tuvo con medios nacionales e internacionales, en el destape mediático más largo y sonoro que se recuerde.
Como parte de esa decisión, el secretario de Hacienda fue el maestro de ceremonias del evento de presentación de las estrategias y coordinó todas las acciones en el marco del desastre, de manera muy subrayada una sólida estructura financiera para entregar dinero a quienes perdieron sus casas y sus pertenencias en Chiapas, Oaxaca, Morelos y la Ciudad de México.
El debate en el gobierno era uno: ¿cómo entregar más de 40 mil millones de pesos en forma transparente y confiable? En esos días, Meade y González Anaya (entonces director de Pemex), discutieron qué estructura utilizar. Meade suele apoyarse en él porque conoce el tema y hace más de 10 años, en el área de Bonos y Valores de Hacienda, el hoy secretario estuvo a cargo de comprar el primer seguro por daños y pérdidas causadas por terremotos.
A ambos, en conversaciones separadas, les pedí detallar la estructura a principios de octubre. González Anaya me contó que ambos decidieron comprar ese seguro con la idea de que un terremoto no volviera a sacudir al país tan severamente. “Hoy contamos con un sistema que ha permitido al país enfrentar tres huracanes y dos temblores sin que se vean signos de fragilidad”, me dijo el director de Pemex. “Nadie habla de vulnerabilidad económica o de una moratoria”.
La discusión de fondo en el gabinete era repartir despensas y materiales de construcción, como quería una parte del gobierno, o mediante una tarjeta bancaria entregar los recursos de manera ordenada y transparente.
Meade me dijo que las propuestas de reconstrucción correspondieron a la Sedatu y “en Hacienda nos encargaremos de instrumentar el programa bajo las reglas del Fonden. Aprovecharemos para bancarizar y finalizar el censo de datos preliminares. Es un soporte a una idea de los responsables del gobierno en Oaxaca y Chiapas, Sedatu y la Sedesol”.
Tres meses después, una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores detectó que Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas para mil 495 beneficiarios: 3 mil 79 plásticos de más. La CNBV encontró que Bansefi dispersó dinero en efectivo por 68.8 millones de pesos.
¿Cómo ocurrió la multiplicación de las tarjetas? ¿En los listados de beneficiarios de la Sedesol? ¿Hacienda no verificó ni vigiló la entrega de recursos?