Continúa pleito de borrachos

Contrario a lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS), al mando de Tedros Adhanom, que recomienda en su Informe Mundial de Situación Sobre Alcohol y Salud 2014, el regular la comercialización de las bebidas alcohólicas (en particular, la venta a los menores de edad) y restringir la disponibilidad de estas, en algunas entidades de México, como lo es Yucatán, esto se alienta de manera descarada. Y es que en la entidad que lleva Rolando Zapata se presentan 582 casos de intoxicación alcohólica por cada 100 mil habitantes, es decir, ocupa el primer lugar a escala nacional, en este tipo de situaciones relacionadas al consumo extremo de bebidas embriagantes, de acuerdo con el Anuario de Morbilidad de la Dirección General de Epidemiología del Estado. A pesar de esta situación, se sabe que el presidente de la Cámara de Comercio de Mérida (Canacome), Juan José Abraham Daguer, quien en meses pasados presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud para que se eliminen las distancias mínimas entre expendios, se encuentran negociando para revivir esta iniciativa en el siguiente periodo de sesiones, y que sea aprobada antes que termine la actual administración de Zapata Bello. Pareciera que al Gobernador y a Abraham Daguer se les olvida que 44.9 por ciento de los yucatecos comienzan el consumo de alcohol entre los 15 y 17 años, además de ser los que más intoxicaciones sufren. Pero no es eso, lo cierto, es que grandes intereses cerveceros pretenden cobrar sus inversiones realizadas en la entidad y por ello la presión. El 7 de noviembre pasado fue aprobado en el pleno del Congreso un decreto de ley por el que se modifica el Código Penal del Estado; la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán; la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública; el Código de la Administración Pública de Yucatán; la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán; la Ley de Salud del Estado de Yucatán; la Ley de Prevención de las Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado; así como la Ley del Instituto de Defensa Pública del Estado en materias de armonización con la miscelánea penal, ejecución penal, y justicia para adolescentes, con la finalidad de curarse en salud y decir que endurecieron penas previo a la aprobación de modificaciones mayores que darán laxitud a la proliferación de más expendios de alcohol. Por supuesto, desde la sociedad civil hay un total rechazo a la iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud que eliminaría el requisito de distancias mínimas de 200 metros entre un establecimiento y otro, por lo que se gesta un movimiento que busca hacer frente a la misma. Así, se cuenta entre los organismos descontentos a la Asociación de Padres de Familia de Yucatán, liderada por Paula Esperanza Lira; los Centros de Integración Juvenil (CIJ) en la entidad, encabezados por Víctor Román Roa Muñoz; y el Arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez, quienes consideran que la propuesta incrementará la oferta, por lo que los jóvenes tendrán más accesibilidad para la compra y consumo de bebidas alcohólicas, al tiempo que puede ser detonante de una violencia totalmente desmedida e inesperada contra los demás o contra sí mismos.