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Mano negra en el sistema anticorrupción

OPINIÓN

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Si el Sistema Nacional Anticorrupción se convirtió en un escándalo por el Fiscal carnal, en la Ciudad de México también se cuecen habas, porque alguien tuvo la brillante idea de brincarse la Constitución, además de modificar la ley aprobada por el pleno de la Asamblea Legislativa y publicar ajustes en la Gaceta Oficial. Obviamente todos se hacen ojo de hormiga tanto en la ALDF como en la Consejería Jurídica, pero el caso ya lo llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tanto legisladores de Morena como organizaciones civiles. Lo que no pueden ocultar es la voracidad que han mostrado para apropiarse de todos los cargos que habrán de definir en los próximos días, tanto la autoridad como los diputados locales que integran la mayoría en el órgano legislativo. A legisladores como autoridades se les olvidó un pequeño detalle, la supremacía de la Constitución de la Ciudad de México por encima de cualquier determinación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En el artículo 64, apartado 4 de la Constitución de la Ciudad de México dice: ¨El sistema contará con el auxilio técnico y administrativo de un secretariado ejecutivo que será designado por el Comité Coordinador a propuesta de su presidente, en los términos que determine la ley y dependerá del mismo”. Ese Comité, según el artículo 63, apartado 2, dice que será integrado por los titulares de la Fiscalía Especializada  de Combate a la Corrupción, Tribunal de Justicia Administrativa, Instituto de Transparencia, Consejo de Evaluación, órgano de Control del Congreso, Consejo de la Judicatura y un representante del Comité de Participación Ciudadana que lo va a presidir. No le pueden otorgar facultades ni al Jefe de Gobierno, ni a los legisladores, porque la Constitución en este caso es precisa en el procedimiento. La incidencia política violenta las disposiciones legales, además contra el sistema democrático. Fiscal anticorrupción y secretario ejecutivo propuesto por el Jefe de Gobierno y ratificado por la mayoría simple de la ALDF, mejor que dejen las cosas como están y no se paga una nueva burocracia. Pero será la SCJN la que determine quién tiene la razón. A LA VUELTA Militantes de Morena acudieron al Tribunal Electoral de la Ciudad México para impugnar el proceso de selección de la coordinadora estatal, donde se eligió a Claudia Sheinbaum, por falta de transparencia en la aplicación de la encuesta y el órgano jurisdiccional ya ordenó a Morena que resuelva la controversia en 20 días. Si Andrés Manuel López Obrador no lo sabía, ya se lo notificó Alejandro Rojas Díaz Durán en una carta, donde además le informa que la Nomenclatura lo engaña y se ha adueñado de las decisiones partidistas. Como si las cosas no estuvieran enredadas le dice que es económicamente es imposible 787 mil cuestionarios para definir candidatos, porque implicarían un costo de 118 millones 50 mil pesos.   Columna anterior: Espacio público negado para la gente