La posibilidad de que el presidente Donald Trump termine con el programa llamado "Los soñadores" es real, quizá demasiado probable, pero es ciertamente una decisión complicada.
En apariencia es simple. El DACA fue creado por el presidente Barack Obama para autorizar la estancia de cientos de miles de jóvenes, hijos de padres indocumentados, que se criaron en Estados Unidos, son estadounidenses en todo, menos los papeles.
Y desde su inicio, grupos antimigrantes lo han calificado como ilegal y un abuso de poder. Después de todo, fue creado por una orden presidencial administrativa.
Trump debe determinar a más tardar el 5 de septiembre su decisión, en la que sin duda pesará la amenaza de 10 gobiernos estatales republicanos de ir a juicio para demandar la terminación del programa.
Para muchos republicanos conservadores, es el ejemplo clásico de una intervención gubernamental innecesaria en un tema que pudiera y debiera ser resuelto por el Congreso. Para una gran mayoría de liberales y pocos conservadores, es algo que debe resolverse con un sentido político y ético.
Pero al margen de lo que pudiera ser definida como la cuestión moral, hay consecuencias sociales y económicas reales.
De acuerdo con la revista Forbes, que Trump haga una determinación de ese tipo, con lo que estima sería un costo de unos 200 mil millones de dólares para la economía estadounidense, haría poco por resolver los problemas vinculados con la inmigración ilegal.
Se estima que hay unos 800 mil dreamers, "soñadores", en su mayoría de origen mexicano, que en muchos casos están incorporados ya al tejido social y a la fuerza de trabajo estadounidense. De hecho, el Migration Policy Institute (MPI) de Washington encontró que uno de cada cuatro estudia y trabaja.
Un reciente memorando entre activistas promigrantes consignó que si DACA es terminado, "una vez que el programa sea cancelado, el departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos no preverá nuevos permisos de trabajo bajo DACA ni renovará dichos permisos.
"Si los beneficiarios no pueden renovar sus estatus, cada una y todas las semanas, entre cinco mil y 10 mil, soñadores perderán las protecciones que ofrece el programa".
Aunque de ocurrir la terminación del DACA dejaría puertas abiertas a cuestionamientos legales y demoras judiciales, el mensaje sería abiertamente negativo, no sólo a la población hispana de Estados Unidos, sino a otros grupos migrantes, incluso asiáticos y afrocaribeños.
Las consecuencias además son potencialmente enormes. La posibilidad de que miles de jóvenes "soñadores" sean literalmente dejados caer en sociedades de países con México, El Salvador, Honduras y otros con relativamente poca capacidad para ofrecer educación y empleo, podría crear situaciones sociales y políticas de enormes consecuencias. Con relativamente poca capacidad para ofrecer educación y empleo, podría crear situaciones sociales y políticas de enormes consecuencias.
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