Tendremos que seguirla soportando. El más reciente intento del Instituto Nacional Electoral por poner un freno a la autopromoción de funcionarios, aspirantes y dirigentes de partidos políticos fue echado abajo por el Tribunal Electoral.
No era para menos. 348 impugnaciones fueron presentadas a los dos ordenamientos aprobados el 20 de julio pasado que pretendían regular la difusión de propaganda acerca de personas que aspiren a ser candidatos, y tenían como objetivo generar “condiciones de equidad” en la contienda.
La Presidencia, legisladores, medios de comunicación, gobernadores y varios partidos políticos (algunos hasta por partida doble) presentaron los recursos ante la sala superior del tribunal para invalidar las medidas. Fueron los acuerdos más impugnados en la historia del INE.
Por 5 votos contra 2 los magistrados votaron para eliminarlos, al considerar que el Instituto se excedió en sus funciones e invadió las del legislativo.
Esta resolución repercutirá en que de aquí al 14 de diciembre, cuando inicien las precampañas (y no el 8 de septiembre como se pretendía) estaremos siendo expuestos a un exceso de información de los mismos de siempre: dará igual que sea en anuncios panorámicos que en las redes sociales. Noticias sobre informes de actividades, asistencia a cualquier tipo eventos o promoción de libros. Creación de fundaciones o apoyos a desastres naturales. Los políticos aprovecharán cada oportunidad para llegar a nosotros por todos los medios posibles.
“No significa una derrota” nos dijo ayer el consejero Benito Nacif en la radio “quisimos hacer algo más comprensivo, más parejo, pero el tribunal electoral prefirió ir caso por caso resolviendo las quejas que presenten los partidos”, refiriéndose a los recursos que inevitablemente se interpondrán durante el proceso electoral. Esto hará que aumente la litigiosidad.
Es decir, veremos muchas más quejas y denuncias generadas entre los actores políticos. Ellos mismos estarán levantando la mano gritando “foul” una y otra vez cuando vean que alguien tiene más exposición.
Sabemos que tenemos unas elecciones sobrereguladas. Y todo porque no se cumplen las reglas que los mismos políticos se imponen. En ese entorno, y con institutos electorales cargados de funciones, serán los magistrados en los tribunales quienes decidan a los que nos gobiernen. Apenas arranca el 2018 y los electores ya están cansados.
Contraseña: Como nunca en los tiempos recientes, se atoró en el Senado el nombramiento del presidente de la Mesa Directiva y de la junta de coordinación política. PRI y PAN sumaron horas y horas de negociación y no alcanzaban acuerdos. Nombres iban y venían. Al cierre de esta crónica, la crisis amenazaba con extenderse a San Lázaro. Todos volteaban a ver como culpables a los panistas y su crisis interna, factura que tarde o temprano le cobrarán a Ricardo Anaya.
Columna anterior: De espías y elecciones