Su profundo conocimiento de las tácticas parlamentarias, incluso de las menos confesables, le garantizaron al presidente Temer mantenerse en el poder. La votación en el Congreso para apartarlo de su puesto durante seis meses y permitir su enjuiciamiento por cargos de corrupción no obtuvo el número de votos suficiente, lo que de momento le permite alcanzar su sueño de concluir su mandato el 1 de enero de 2019. Es entonces cuando deberá asumir el presidente que surja de las elecciones de octubre de 2018.
Pese a su éxito temporal, el presidente observa con preocupación cómo el cerco se va cerrando y decrecen sus apoyos parlamentarios. Según Folha de Sao Paulo, en la última votación Temer vio reducido en un 40% el número de diputados que lo respalda desde que su antecesora Dilma Rousseff fue cesada tras el juicio político en su contra.
Hay algunas evidencias de que la muy trabajada pero poco trabada coalición política que Temer articuló para llegar al poder comienza a debilitarse. El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso está dividido en torno a si mantiene o no su apoyo al gobierno. Para no hacerlo esgrimen razones políticas y morales que ponen en juego cuestiones tan diversas como la lucha contra la corrupción, la regeneración del sistema político, la renovación del liderazgo o las opciones de ganar las próximas elecciones con independencia del candidato que presenten. Las razones del apoyo tienen que ver con el momento de emergencia existente, la urgencia de aprobar una serie de reformas imprescindibles para salir de la crisis y, a un año de las elecciones, el impacto negativo de otro cambio de gobierno sobre la tímida recuperación económica.
Si algo demostró la sesión parlamentaria que evitó el enjuiciamiento de Temer es que las elites políticas brasileñas siguen evitando ir al fondo de los problemas más acuciantes. Parte de la oposición, encabezada por algunos diputados del PT otrora en el poder, intentó mostrar a unos gobernantes preocupados únicamente por el dinero. En realidad, como bien sabe la opinión pública brasileña, prácticamente nadie se salva de la corrupción. No en vano el ex presidente Lula ha sido condenado en primera instancia por ingresos mal habidos, lo que de ser confirmado por un tribunal superior antes de los próximos comicios podría valerle su inhabilitación política y la imposibilidad de alcanzar la reelección.
En similar situación se hallan muchos otros representantes de la oposición y del oficialismo. Esto explica la desafección creciente de la ciudadanía con los políticos y los partidos que deberían representarlos. Poco se avanzará para recobrar la confianza de la opinión pública mientras unos insistan en la defensa a ultranza del estado asistencialista y otros en su desmantelamiento. En vez de buscar consensos para implementar las reformas adecuadas, los ataques de unos contra otros abren las puertas del palacio de Planalto, sede de la presidencia brasileña, a la irrupción brutal y de imprevisibles consecuencias de la antipolítica y sus representantes.
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Domingo 8 de Diciembre de 2024