Ahora resulta que el presidente Donald Trump no se conforma con tener mano dura contra los inmigrantes indocumentados, sino que propone legislación para cambiar de manera drástica la política de Estados Unidos en cuanto a la inmigración legal y da su apoyo a una propuesta de dos senadores republicanos que recortaría el número de “green cards” – el permiso de residencia legal demuestra con derecho a trabajar, el primer paso hacia la ciudadanía – por más de la mitad, además de poner restricciones a la llegada de familiares.
Por: Patricia Guadalupe*
El sistema actual permite que personas auspicien no solamente a su pareja e hijos menores, sino a abuelos, tíos y hermanos, entre otros.
La propuesta republicana eliminaría esa opción, para solo dejar que parejas y sus hijos menores entren al país bajo la “green card” del inmigrante. Actualmente no hay requisitos particulares como el saber inglés o tener preparación académica, pero la propuesta republicana que el presidente Trump alaba como “una de las mejores que he visto” le da preferencia a los inmigrantes que ya saben inglés al entrar al país y a quienes tengan estudios universitarios – mientras más títulos mejor, y una oferta de trabajo que pague mucho más de lo normal, algo que increíblemente el primer mandatario cree que es común, como si los trabajos bien pagados estuvieran cayendo del cielo para inmigrantes.
Para este presidente, que se jacta de ser representante de un partido político que dice promover políticas de beneficio a familias, las habilidades profesionales son más importantes que conexiones familiares.
Esta propuesta para cambiar fundamentalmente la política de inmigración también fue desarrollada por varios miembros de la administración Trump vinculados con grupos racistas y personas que por años han promovido propuestas para frenar la inmigración – legal al igual que indocumentada – y esta es la primera vez que tienen a alguien en la Casa Blanca dispuesto a tomarlos en serio, y unos cuantos en la mayoría republicana que le dan el aval a semejantes ideas.
El Departamento de Justicia quiere investigar también reportes de “discriminación” en contra de anglosajones en las universidades del país, un ataque directo a los llamados programas de acción afirmativa que usan raza como uno de los factores de ingreso a las universidades.
Estos programas intentan ampliar la diversidad entre el estudiantado y asegurar que grupos minoritarios no se queden atrás, y su legalidad ha sido discutida en las cortes del país, con la misma Corte Suprema diciendo que sí es legal considerar raza y grupo étnico a la hora de admitir estudiantes a la universidad.
Pero como pasa con la comisión presidencial para investigar un fraude electoral que no existe, el Departamento federal de Justicia investigará si esas políticas de acción afirmativa han perjudicado a personas anglosajonas, sin más evidencia y ninguna manera de recogerla aunque, pese a que son el grupo dominante, por supuesto le ha ido bien mal a los anglosajones en este país, especialmente a los hombres.
Al igual con el intento de cambiar la política migratoria, ese intento surge de los mismos allegados a grupos racistas que creen que los extranjeros y grupos minoritarios se van a apoderar del país y dejarlos fuera. Fuera, como quieren que estén los mexicanos, que volvieron a salir en las noticias cuando se filtró la llamada entre Trump y su homólogo mexicano del pasado enero, donde Trump se quejó con Enrique Peña Nieto y le dijo que dejara de decir que México no iba a pagar por un muro en la frontera.
Para muchos en la capital estadounidense, la pregunta es por qué Peña Nieto no lo "envió a volar", precisamente para expresar el rechazo a la política anti-inmigrante que Trump promueve desde la Casa Blanca.
*Periodista
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