Una realidad que sigue sin discutirse es la de los alcaldes que gobiernan en zonas dominadas bajo el crimen organizado. En los despachos municipales sí hay funcionarios a los que les gusta trabajar de forma honesta y que no desean dejarse extorsionar o hacer tratos con criminales ¿Pero qué obtienen a cambio?
Ambrosio Soto Duarte, de Pungarabato, Guerero, se comunicó una tarde con Beatriz Mojica, secretaria del PRD, para decirle que pensaba dejar la presidencia municipal porque miembros del crimen le habían dado un plazo para entregar 3 millones de pesos del Ramo 33 o de lo contrario iban a matarlo.
Soto Duarte había venido a la CDMX e hizo antesala de días hasta ser recibido por Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad, para contarle cómo estaba siendo presionado, pero no obtuvo garantías para ejercer su función sin tenerse que preocupar de él ni de su familia. Sin éxito también solicitó audiencia al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong.
Fue hasta que el PRD ejerció presión, mediante ruedas de prensa en 2016, como la PF puso a su disposición 2 elementos que empezaron a cuidarlo noche y día. Una noche de sábado, sin embargo, al volver de una refaccionaría familiar Soto Duarte fue emboscado y ejecutado en venganza por haber hecho la denuncia.
Mojica dijo que el de su compañero caído no era el único caso sino que hay decenas de alcaldes en los mismos zapatos de Soto Duarte, pero ni el partido del sol ha tomado ese tema como una de las principales prioridades de seguridad para visibilizar la situación, discutir qué hacer con esta realidad de la que no se salvan ya ni las futuras alcaldías de la ciudad de México.
El Heraldo de México publicó que ya van más de 100 alcaldes ejecutados desde que empezó la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Y desde entonces se le ha dado vuelta al tema, se ha ocultado la verdad de lo que sucede en los ayuntamientos: sus representantes o son extorsionados o terminan trabajando, por la buena o por la mala para el crimen.
En la capital se hizo caso omiso de lo que denunciaron algunos periodistas valientes, pero hoy ya sabemos del poderío que alcanzó el Cartel de Tláhuac y su alcance e influencia en al menos otras 5 demarcaciones. Por omisión o colusión Rigoberto Salgado, jefe delegacional de Tláhuac, está a punto de ser destituido. Si eso pasa aquí, entonces nos da la idea de cómo siguen las cosas en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y otros estados que sufren el embate de los grupos delictivos.
Poner esta realidad en la mesa de discusión del Congreso para pasar a las acciones seguirá esperando turno.
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UPPER: El Fiscal General no sólo se mantendrá nueve años en el cargo, sino que también nombrará al fiscal anticorrupción y al fiscal especial contra delitos electorales. Por eso no puede ni debe ser militante de ningún partido. De lo contrario dará boleto de impunidad transexenal al grupo al que pertenezca.
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