Los periodistas y los medios de comunicación son, y deben ser, los primeros interesados y comprometidos con la transparencia y el acceso a la información; ya que la garantía de contar con fuentes seguras y dedignas es fundamental para un buen desempeño y respeto del trabajo periodístico.
El derecho al acceso a la información, parte del supuesto, de que la información que está en poder de los organismos públicos, en realidad es propiedad de la gente; no de los funcionarios y servidores públicos, como comunmente se cree. Por ello, el acceso a la información no debe ser visto como una gentileza o una "buena práctica" de los gobiernos.
Los periodistas y los medios de comunicación ejercen un papel fundamental como usuarios, y promotores del acceso a la información pública, por lo que es importante que los comunicadores sean los principales en divulgar, que la información se debe conseguir de manera sencilla.
Es importante que el periodista y la sociedad, conozcan las normas y mecanismos administrativos y judiciales, que regulan el derecho al acceso a la información, porque es una de sus principales herramientas de trabajo; y en muchos casos se desconoce.
Toda vez, que la tarea de los comunicadores es dar visibilidad y comprobar hechos de interés público, es más productiva si existe un marco jurídico adecuado y equitativo, de modo que tanto el periodista como el ciudadano, tengan las mismas oportunidades para tener los datos e información relevante sobre la actividad pública que requieren.
Por ello, es importante que se difundan y promuevan las normas y mecanismos administrativos y judiciales, que regulan el acceso a la información. La participación e interés de la sociedad en los temas públicos, parte de la buena información, por lo que todo el aparato del estado está comprometido con brindar la información que permita la consolidación de nuestro sistema democrático.
A nivel internacional, el acceso a la información es un derecho fundamental, garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual las personas tienen derecho a recibir informaciones y difundirlas. En la actualidad, dichas disposiciones se transformaron en obligaciones legalmente exigibles.
Hoy en día, más de 50 países del mundo cuentan con legislaciones específicas sobre el tema; en Latinoamérica y el Caribe, países como Antigua y Barbuda, Belice, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, así como Trinidad y Tobago, ya sancionaron leyes que permiten a sus ciudadanos acceder a la información pública.
* PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN FERNANDO MORA GÓMEZ POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN