Más allá de las amenazas y falta de diplomacia que son obvias diferencias entre los presidentes Trump y Obama, y a pesar de que éste último le quedó a deber a nuestros connacionales políticas y reformas migratorias integrales, existen puntos esenciales en la dinámica social, la práctica de la defensa legal y las deportaciones de mexicanos en Estados Unidos, que diferencian sus mandatos.
La primera diferencia es el miedo que existe entre los migrantes. El discurso xenófobo de Trump ha hecho que la comunidad tenga dinámicas complejas y problemas en términos de su salud mental y la de sus familias y seres queridos que no veíamos con la misma intensidad antes.
En segundo término, en relación con la defensa legal y a las cortes, tenemos la falta de respeto de Trump a las instituciones. Muestra de ello es que los jueces, conscientes de que muchos de los cambios violan lineamentos constitucionales, se han opuesto, tal es el caso de la orden ejecutiva en contra de los connacionales de países musulmanes.
En tercer lugar, a pesar de que Obama deportó alrededor de 3 millones de connacionales e incluso en términos numéricos existe una disminución de 20 mil deportados con Trump en comparación con el mismo periodo del año 2016, la diferencia radica en el perfil del retornado. El número de deportaciones de personas sin antecedentes criminales ha incrementado casi al doble en los últimos meses. Hay persecuciones en las cortes y casos cerrados se reabren para detener gente. Asimismo, mientras que con Obama, el grueso de los deportados eran aquellos que en el intento de cruzar la frontera los retornaban y algunos otros casos también migrantes relacionados con algún delito y con faltas administrativas.
Vemos casos como el de Texas y la puesta en marcha de la Ley SB4 y en algunos sucesos que se han dado en sitios como Alabama, Georgia, Kentucky, Arizona, las Carolinas y Nevada. Otro cambio relevante es la figura de la deportación expedita, que violenta el debido proceso, ya que salta las cortes de inmigración al tiempo de no permitir la defensa a la que tiene derecho cualquier persona. En el caso de los dreamers, y a pesar de que Trump ya reiteró que DACA (Acción Diferida para aquellos llegados durante la infancia) continúa, hay preocupaciones. Alarma que varias universidades han decidido aumentar las cuotas para estos jóvenes, poniendo en riesgo su continuidad en el sistema educativo.
Ante estas diferencias, es menester que la comunidad migrante esté informada. Al no conocer sus derechos o sentirse inseguros por su estatus migratorio indocumentado, permiten que los agentes de inmigración los detengan. Se debe fortalecer por todos los medios
la defensa legal integral y preventiva para que nuestros connacionales puedan permanecer con sus familias, patrimonio y vida que han construido por allá al tiempo de visibilizar historias de vida de impacto binacional y casos violatorios de derechos humanos que se están dando. (En colaboración con Janeth Moreno)
*Especialista