En Perú los tribunales de justicia sí pudieron meter en cintura a la constructora Aldesa a partir del momento en que las autoridades del país de la planta de coca detectaron que la compañía, que acá construyó el Paso Exprés de Cuernavaca, presentó un certificado de trabajo falso y documentación apócrifa para ejecutar un proyecto.
El senador Rabindranath Salazar Solorio hace, junto con un grupo de especialistas en derecho comparativo, un análisis jurídico del modelo peruano sobre las adquisiciones públicas y licitaciones para tomarlo como referencia y en su caso proponer cambios en las leyes mexicanas para contar con facultades de inhabilitación a las empresas que incumplan con los compromisos en el momento del contrato o que estén involucradas en irregularidades.
“Aquí se premia la corrupción e impunidad. No pasa nada. En Cuernavaca el proyecto del Paso Exprés sigue latente, hay un muro a punto de derrumbarse y Aldesa mantiene intacto su proyecto para construir la torre de control en el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”, me dijo el legislador por Morelos al término de la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes.
En el país de Fujimori, ex presidente que cumple una condena de 25 años de cárcel, Aldesa llevó toda la documentación falsa para burlar los requisitos: pretendía acreditar la experiencia de ingenieros especialistas en el estudio de impacto ambiental como parte de su propuesta técnica en la licitación de una obra millonaria de construcción de drenaje de aguas pluviales en la ciudad de Juliaca. Pero una investigación exhaustiva permitió el hallazgo de la trampa.
La justicia peruana se vio fortalecida a partir del año 2000 precisamente cuando el mundo volteó a mirarlo por el acorralamiento que hizo contra Fujimori por crímenes de lesa humanidad y amasar una fortuna de más de 600 millones de dólares en los 10 años que estuvo en el poder. Y en abril sancionó a la compañía constructora: no le dio la obra y la inhabilitó por 46 meses.
Hasta el 2021 Aldesa no podrá participar en obra alguna de Perú. “Es un mensaje contundente además para cualquier otra compañía que intente pasarse de la raya”, dijo el senador Salazar.
Aldesa participó acá en México además en obras como la carretera Mazatlán-Durango echada andar a partir del último tramo del sexenio de Calderón con un costo que ascendió a más de 25 mil millones de pesos y que contempla 115 mil puentes y más de 61 túneles. Sobre ese proyecto todavía no se han solventado observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. El órgano autónomo de Juan Manuel Portal ha hecho señalamientos por al menos mil 616 millones de pesos. En la Función Pública también hay una revisión e investigación al respecto.
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Miércoles 4 de Diciembre de 2024