Si es usted lector en CDMX, le advierto que no me estaré quejando de la porquería de carpeta asfáltica que sufrimos todos los días, aunque ganas no me faltan. Aquí más bien me refiero a los montos máximos que puede gastar un candidato en una campaña electoral. Y pienso convencerle que esos topes de gasto tienen mucho que ver con la corrupción que está detrás de la mala calidad en mucha de la obra pública que vemos y sufrimos en todo el país.
Afortunadamente, se tendrá que reformar nuestro sistema electoral. Ésta ha sido la constante en una sociedad que construyó su transición a la democracia enteramente sobre la base de los arreglos para competir por el poder. Y esas reglas siguen siendo clave para entender tanto las disputas entre contendientes (Coahuila, EdoMex), como la salud de nuestra política. Habrá oportunidad para corregir el problema de los topes de gasto.
He argumentado aquí mismo, y en otras ocasiones, que el sistema de financiamiento de la política en México es un desastre, y que genera incentivos perversos que le hacen daño a la salud de lo público en nuestro país. Me concentro aquí en el asunto de los topes de gasto de campaña. Éstos existen por la obsesión de los partidos, al cierre del siglo XX, con alcanzar la equidad en la competencia por la vía de las reglas.
Supuestamente, los topes de gasto son cruciales para garantizar equidad, ya que si ningún candidato puede gastar más de un cierto límite, no habrá ventajas indebidas en la búsqueda del voto. Un segundo argumento es más bien de “pudor” democrático, y recoge la necesidad de que exista un nivel máximo de gasto, que sea pequeño además: no se debiera gastar mucho en una actividad que, por su naturaleza cívica y de discusión de ideas, debiera ser eminentemente austera. Ambas premisas del argumento están equivocadas.
Por un lado, un tope de gasto no iguala mágicamente las alternativas, sino que iguala, en el mejor de los casos, lo que éstas pueden hacer durante la campaña. Esto es inequitativo para las oposiciones--que ni de lejos tienen la exposición a medios y los instrumentos de divulgación que tienen los gobernantes antes de las campañas. Pero es una regla especialmente inequitativa para las nuevas opciones--que apenas tienen unas pocas semanas y límites claros a lo que podrían hacer para darse a conocer. Es decir, es una regla que en lugar de dar equidad, da ventaja a los que ya tienen poder.
Por otro lado, si deseamos que los partidos gasten poco, es porque todo el dinero que gastan es dinero que sabemos bien que obtienen de nuestros impuestos, o peor aún, como resultado de beneficios indebidos, porque se trata de financiamiento ilícito--y muchas veces directamente vinculado a contratos de obra mal hecha o con precios sobrados. El que exista un tope de gasto no inhibe el incentivo a pedir dinero en situaciones competitivas, y precisamente por ello genera un incentivo mayor a la obtención de dinero ilícito. Es decir, un tope bajito, que “muerda”, además de inequitativo para los nuevos y los chicos, genera corrupción entre los grandes con oportunidad de ganar.
En suma, los topes de gasto de campaña son proteccionistas y generan corrupción. Explican en buena medida que tengamos carpetas asfálticas de pésima calidad, y partidos que se mantienen en el poder a pesar de ello.
Columna anterior: La generación de la transformación
Viernes 13 de Diciembre de 2024