Utilizando la terminología beisbolera -de la que no soy experto-, podríamos decir que las revelaciones sobre supuestos depósitos por 10 millones de dólares a cuentas de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, han arrinconado al gobierno en 3 bolas y dos strikes. Apenas hoy, a pesar de las resistencias inexplicables de la PGR -o tal vez perfectamente explicables-, éste reconocido y joven financiero mexicano de mirada ladina y arrogancia natural, debe estar declarando en calidad de imputado.
Justo cuando el optimismo comenzaba a regresar al gabinete y al PRI por el resultado de su XXII Asamblea Nacional, se hicieron públicas las declaraciones de tres ex ejecutivos de la constructora brasileña Odebretch, los principales involucrados en uno de los más grandes escándalos de corrupción internacional y que tienen como actor central en el caso de México a Lozoya Austin, amigo personal del Presidente Peña Nieto. Todo parece indicar que la cadena de escándalos de corrupción del actual gobierno continuará hasta su último día y quizá más allá.
Como es natural, la oposición completa se lanzó a exigir sangre. Quieren ver a Lozoya en la cárcel. Y yo les pregunto ¿y el Fiscal Anticorrupción? ¿No se arrepienten de no haberlo nombrado aún? ¿El Sistema Nacional Anticorrupción, aunque chimuelo y cojo, será solo un espectador? ¿Podemos confiar en que Raúl Cervantes, el actual procurador general de la República quien, además, pretende ser el primer fiscal general de la nación, investigará a fondo a Lozoya y exigirá todo el peso de la ley en caso de hallar pruebas en su contra? No olvidemos que Cervantes fue el asesor legal de la campaña de Enrique Peña Nieto y que, en el mismo equipo, Emilio Lozoya fue el encargado de asuntos y relaciones internacionales.
Emilio Lozoya contrató para defenderse a Javier Coello Trejo, uno de los abogados penalistas más temidos de México y quien fue subprocurador de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico, precisamente en la PGR, a principios de los años 90, así que la conoce perfectamente. No era gratuito el mote de el Fiscal de Hierro. Aquí viene otro problema. Si Coello Trejo logra sacar bien librado a Lozoya, ¿alguien creerá que fue mérito de su abogado y no protección oficial? Cervantes enfrenta un conflicto de interés, sin lugar a dudas. Como procurador general de la República tendrá que determinar si hubo aportaciones ilegales o no a la campaña presidencial de la que él mismo fue asesor jurídico. Y todo esto a unos días de que el PRI designe a su candidato para la Presidencia en 2018. Bonito entuerto.
Candado
Tras el desastre de seguridad que dejó Mario López Valdez en Sinaloa, el gobierno de Quirino Ordaz tendrá que invertir 300 millones de pesos en una nueva base militar en El Sauz, cerca de la capital, Culiacán. En un terreno de cien hectáreas albergará a 3 mil 500 elementos que tendrán presencia permanente para garantizar la seguridad en el centro del estado.
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