El Sistema Nacional Anticorrupción, o al menos su adecuada puesta en operación, está en riesgo. Los problemas son varios. El principal son los obstáculos que se le ponen desde el Senado. No se ha nombrado un fiscal, es verdad que primero, se debe eliminar la posibilidad de que el Procurador General de la República se convierta en Fiscal General. Tampoco se ha establecido el procedimiento para ratificar a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. De hecho, ahí está el origen de las acusaciones de senadores contra el Comité Ciudadano del Sistema, ya que el mismo exigió un proceso abierto para la ratificación de los magistrados propuestos.
Se dice que las propuestas presidenciales para el tribunal corresponden a cuotas partidistas, comunes en este tipo de procesos de selección. En el Senado existe el interés de mantener su influencia en el sistema, particularmente en el tribunal, que bajo la nueva legislación sanciona a los funcionarios públicos en caso de una falta administrativa grave.
La descalificación del Comité Ciudadano del Sistema por parte de miembros del Senado, fue un error grave, que daña al sistema en su conjunto. Desde la propia convocatoria era claro que la calificación del examen era uno de los elementos a considerar, además de otros como la trayectoria, la formación académica y el género.
Los miembros del consejo son un grupo de personas respetables, que al menos merecen el beneficio de la duda. Los señalamientos con respecto a su elección se dan a destiempo, precisamente cuando son incómodos y muestran independencia. El Consejo Ciudadano, por ejemplo, fue la única institución que forma parte del SNA que votó por pedir al gobierno información con respecto a los equipos de espionaje utilizados para espiar periodistas y activistas sociales.
Si ni el fiscal, ni los magistrados del tribunal, son independientes, ni competentes, entonces no van a perseguir a los corruptos, ni los van a poder castigar. Si la ASF no asume su papel de tomar el liderazgo para transformar a las auditorías locales en verdaderos órganos de control, entonces nunca vamos a detener los fenómenos de corrupción en las administraciones estatales.
Si el INAI no encabeza la cruzada por evitar que toda información de seguridad sea clasificada como reservada, no vamos a poder evaluar a las instituciones de seguridad, ni evitar sus excesos. Si la Secretaría de la Función Pública no entiende que no es posible que cada titular de una dependencia pueda elegir un contralor a modo, pues entonces no será posible prevenir y detectar a tiempo las malas prácticas de los servidores públicos.
Si el sistema en su conjunto no es capaz de realizar una investigación de Odebrech en México, que lleve a acciones inmediatas como la suspensión de los contratos que todavía ejerce, pues entonces no habrá servido para superar el fenómeno endémico de proteger a funcionarios cercanos al Presidente.
*Diputado federal por Morena