Como el cohetero está el Consejo General del INE, al saberse presionado por todos los partidos políticos que ya afilan lanzas para la contienda electoral del 2018, sobre todo por el candidato de oficio, AMLO, que desde ya está descalificando al árbitro electoral de lo que será, ahora sí, la más complicada de las elecciones de la historia moderna del país.
Y es que en 2018 se disputan más de 3 mil 300 cargos de elección popular, a diferencia del 2015 (la elección más grande hasta ahora) en el que estuvieron en juego dos mil 179 puestos. Además, para el próximo año, el padrón electoral habrá crecido seis por ciento, por lo que serán 88.5 millones de mexicanos los que tengan la posibilidad de votar, lo que implica capacitar a 930 mil funcionarios de casilla.
Sin embargo, la estrategia de los consejeros, presididos por Lorenzo Córdova, es clara e inamovible: no responder a las descalificaciones y más bien concentrarse en explicar a la sociedad lo que será el proceso electoral que inicia el próximo 8 de septiembre, además de que se han comprometido a escuchar a las voces críticas, tomando en cuenta, por supuesto, aquellas que sean informadas y lo menos subjetivas posibles.
No se trata, nos dicen en el INE, de que el órgano se convierta en el “sparring” de los políticos ni de aquellos malintencionados que buscan debilitarlo acusándolo de no cumplir con funciones que ni siquiera le tocan, como la sanción a claros delitos electorales, los cuales ya entran en el terreno del Poder Judicial.
Se trata, nos explican, de llegar a la elección de 2018 con la mayor autoridad moral que requiere un árbitro, aunque saben los consejeros que nos es tarea fácil, pues reconocen que la sociedad está molesta y le quiere cargar al INE todos los milagritos.
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Nerviosismo en el gobierno federal por el litigio contra de la prohibición de cobro relacionado con la tarifa de interconexión “tarifa cero” establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual es aplicable, por su alto nivel de concentración del sector telecomunicaciones, a América Móvil.
Un asunto nada fácil para los ministros de la Suprema Corte que revisan el tema, pues está en juego la viabilidad de la reforma en telecomunicaciones que tantos beneficios ha dado a los usuarios.
Por ejemplo, los precios de servicios telefónicos han bajado 29 por ciento, se han creado 273 mil nuevos empleos y las inversiones en el sector se han incrementado en 244 mil millones de pesos.
Es decir, si se da marcha atrás a la prohibición para cobrar la interconexión, tendríamos un retroceso de 20 años y, de acuerdo al Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, derivaría en un impacto de 31 mil millones de pesos para los consumidores en los próximos tres años y de 20 mil millones para los operadores, con la consecuente pérdida de inversiones.
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EN EL VISOR: Con pie y medio en Morena está la delegada en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, porque sus todavía compañeros panistas en la Asamblea Legislativa le han pegado en el presupuesto de la demarcación.
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