Seguridad interior, letra muerta

OPINIÓN

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Desde 1997 no se presentaba un mes tan violento como mayo de este año, en el que se registraron un promedio de 70 homicidios dolosos por día. Y para alimentar nuestro pesimismo, la tendencia crece. Tan sólo este fin de semana 43 personas fueron asesinadas en cinco estados de la República. Lo más grave es que no hay una fuerza policiaca capaz para prevenir la ola de homicidios, tanto que sacaron al Ejército de los cuartes para hacer ese trabajo que corresponde a la autoridad civil y que lo ha colocado en una posición vulnerable por carecer de marco legal que proteja o sancione a militares en caso de abusos. Hay molestia por esta situación, pero parece que no corre prisa ni en la Cámara de Diputados ni el Senado para debatir y, en su caso, aprobar la Ley de Seguridad Interior, que se supone pondría en blanco y negro las reglas sobre la participación del Ejército en tareas de seguridad pública. La presencia de las fuerzas armadas ha sido muy importante. Sin embargo, hay muchas lagunas legales. Por sólo citar un ejemplo, los de verde olivo no están facultados para remitir a presuntos delincuentes ante el agente del MP, rebasan plazos legales y eso entorpece la labor de las policías. Cometen muchos errores procedimentales que son aprovechado por los delincuentes para obtener su libertad. Una de las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior contempla otorgar facultades a las fuerzas armadas para remitir ante el MP a presuntos delincuentes. Sin embargo, para algunos sectores eso representaría un riesgo porque sólo en un país de corte autoritario el Ejército tiene esas atribuciones. Otra parte del debate radica también en quién debe tener el control político de la estrategia de seguridad en el país, los estados y municipios. Mientras que el Congreso se ponen de acuerdo y debate si habrá un periodo extraordinario para legislar en la materia, los gobernadores, vía la Conago, anunciaron en su última reunión la creación de la policía Fuerza Conago. La federación, a su vez, maneja la narrativa de que los estados no pueden y, en respuesta, las entidades atribuyen al gobierno federal la falta de resultados. Lo real es que no hay coordinación ni confianza entre estados y gobierno. Y para el Ejército los responsables de una falta de definición sobre la Ley de Seguridad Interior son el PAN y el PRI en el Senado. En San Lázaro el partido que comanda Ricardo Anaya está dispuesto a ir a un periódico extraordinario sólo si reconocen el triunfo de su candidato en Coahuila. La seguridad es lo de menos. Una vez más, los intereses políticos se imponen sobre la agenda nacional y las prioridades de la sociedad, por lo que seguiremos viendo titulares de la prensa nacional en que se dé cuenta de homicidios, ajustes de cuentas, cobros de piso, secuestros, robos, etcétera, etcétera, etcétera. *** Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón.”   Columna anterior: Teléfono descompuesto