El territorio es una porción de superficie perteneciente a un país, entidad, municipio, organización o persona. Entendido más allá de las leyes o de la geografía, el territorio es un sistema espacial, que incluye tierras, aguas y espacio aéreo, su riqueza natural, recursos económicos y la validación cultural de la comunidad.
El territorio es cimiento y frontera de toda actividad económica y sus dinámicas requieren ser observadas con una perspectiva regional.
Según la FAO el ordenamiento territorial “permite organizar el uso, aprovechamiento y ocupación del territorio sobre la base de las potencialidades y limitaciones, teniendo en cuenta las necesidades de la población y las recomendaciones generadas por todos los instrumentos de planificación y gestión.”
La historia del México independiente muestra visiones territoriales que van desde visiones autoritarias y unilaterales hasta la quasi anarquía del libre mercado. Durante los años setenta el gobierno federal realizó un ejercicio explícito de planeación y ordenamiento territorial en su discurso, con la intención de crear polos de crecimiento económico pero no es sino hasta 1983 cuando esto se formaliza a través de la Ley de Planeación. En paralelo se fortalece el papel formal del municipio, pero sin resolver carencias de fondo en capacidades técnico-políticas, presupuestales y sin un esquema eficiente de coordinación entre niveles de gobierno.
En el sector turismo, en respuesta a la expansión desordenada de actividades en los destinos turísticos, la Ley General de Turismo de 2009, estableció el propósito de crear un Programa de Ordenamiento Territorial Turístico, con el cual regular el uso del suelo buscando mejorar las condiciones de vida mediante una adecuada planificación urbana. Asimismo, estableció el concepto de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentables (ZDTS), tendiente a crear modelos sustentables en los destinos turísticos del país. Sin embargo, más allá de las buenas intenciones, las competencias de la SECTUR sobre temas territoriales son limitadas.
La Ley General de Asentamientos Humanos de noviembre de 2016 es una aproximación directa a esta problemática, potencialmente muy positiva para el ordenamiento turístico. Propone alinear a los gobiernos estatales y municipales con el federal, frenar el crecimiento desordenado de las ciudades y los asentamientos irregulares.
En el mundo complejo y dinámico actual, el reto para el desarrollo del ordenamiento territorial y turístico requiere una planeación que incorpore de manera integral a los sectores económicos, las dinámicas sociales y los vínculos con mercados globales; recuperar el liderazgo de la federación y generar mecanismos “de abajo hacia arriba” que permitan a los locales definir su visión de futuro, una que sea informada, innovadora y responsable.
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