Fiscal Anticorrupción, historia de ilegalidades

OPINIÓN

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En México los cargos públicos históricamente han sido un botín y no siempre espacios ocupados por los mejores hombres y mujeres para servir a los ciudadanos. Controlar y repartir puestos representa poder y así lo entendieron los antiguos caciques del régimen.

Medio siglo después este pensamiento utilitario predomina en la administración pública y explica una parte de la crisis de las instituciones, algo más visible cuando se trata de justicia en un país que apesta a impunidad.

Un ejemplo es el Fiscal Anticorrupción de la Procuraduría General de la República. El curtido sabueso que debería investigar a Javier Duarte (y el resto de la pandilla de gobernadores corruptos) para reunir pruebas y fincarles cargos, no es un policía ni un investigador: es un administrador de larga carrera en el servicio público, sin experiencia en delitos federales. 

Se trata de Francisco José Berzunza, cuyo ascenso es un ejemplo de cómo unos anacrónicos hábitos políticos pueden socavar una institución: para darle el nombramiento –y el salario– dentro de la propia PGR se violaron los requisitos legales de experiencia y capacidad en la investigación de delitos federales vigentes.

La cosa es peor: Berzunza oficialmente fue nombrado Fiscal Anticorrupción en octubre de 2016, pero ejerce como coordinador administrativo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia. 

Las dimensiones de esta Fiscalía pueden ser reveladoras de las prioridades institucionales: 15 servidores públicos.  Tiene facultades limitadas y es parte de la Subprocuraduría y de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia.

El Fiscal Anticorrupción debería ser el director de orquesta en la construcción de los expedientes contra los gobernadores Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge; en lugar de eso cumple tareas de administración de recursos humanos y materiales, vehículos y oficinas. Por ley este nombramiento exige el visto bueno del procurador.

El expediente de Berzunza cita que ha sido suboficial en la Policía Federal; subdirector de Administración del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE; Director General de Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública; jefe de Servicios de Egresos en el ISSSTE y coordinador de enlace comercial en el IMSS.

Un dato adicional tendría que ser escandaloso y no lo es porque representa un patrón en el gobierno del presidente Peña: Berzunza fue empleado del ISSSTE en la gestión de Miguel Ángel Yunes, contra quien existen tres expedientes sobre enriquecimiento ilícito en  la Fiscalía Anticorrupción.

En conflictos de interés, nada nuevo bajo sol.

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