Hace unos días, sin mayor discusión, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó las leyes que conforman el sistema anticorrupción de la capital. En general se respeta la arquitectura del sistema nacional pero con cambios muy importantes en los nombramientos de los responsables. No se conformará un consejo ciudadano electo por organizaciones sociales, como sucede a nivel nacional, y tampoco ellos propondrán al secretario técnico del sistema. El actual contralor podrá ser electo, sin que se le pueda remover por siete años y reelecto por otros siete. Se trata de un auténtico blindaje contra futuras investigaciones contra el actual gobierno. Bastará en todos los casos la mayoría calificada para elegir a los funcionarios y magistrados.
El tono de la aprobación de este conjunto de leyes fue el mismo que el resto de las decisiones de la asamblea de la ciudad, alejado de los más elementales principios de transparencia y buen gobierno. De hecho, los acuerdos legislativos se toman sin preocupación alguna por las reacciones en contra de la opinión pública. Existe una alianza entre el PRD y el PAN que sirve de manera exclusiva a los intereses de los grupos que dominan a esos partidos y a los del Jefe de Gobierno.
La asamblea no maneja los recursos de manera transparente, no tiene procesos de discusión legislativa solventes y reparte el presupuesto a las delegaciones sin criterios objetivos, basados en una fórmula, sino como resultado de acuerdos entre fracciones del PAN y del PRD.
El tipo de acuerdos que se tomaron en torno a este sistema anticorrupción pueden ser los que se deriven de una alianza PAN-PRD en el país. Como no existe una agenda común de gobierno, en realidad el trabajo legislativo se limita a la protección mutua de intereses. El día siguiente de que se aprobó la reforma en cuestión, la dirigencia del PAN manifestó su apoyo a la agenda combate a la corrupción de #VamosPorMás, cuando la mayoría de sus firmantes rechazó de manera categórica lo que se aprobó, con el PAN a la cabeza, en la Ciudad de México. El supuesto compromiso del PAN con el Sistema Nacional Anticorrupción se desmiente de manera automática con su voto en favor de la regresiva legislación capitalina. La que fuera siempre la entidad que encabezaba los cambios democráticos a nivel local, es ahora, debido a la alianza del PAN con el PRD, una legislatura que se las arregla para evitar que los cambios que se impulsan a nivel nacional se apliquen en la ciudad.
Pero todavía es posible rectificar. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno, puede vetar los puntos malos de esas leyes y desligarse de decisiones antidemocráticas, de otra forma las estará avalando.
*Diputado Morena