Fe en la PGR

Elba Esther Gordillo, con un pie en su casa. De por sí, desde su detención en febrero de 2013, nunca estuvo en una celda. Ha ido de hospital en hospital. César Duarte, exgobernador de Chihuahua, acusado del desvío millonario de recursos a su partido, protegido por el PRI, a pesar de que desde marzo hay una ficha de Interpol para detenerlo. “No adelantamos juicios, César Duarte sigue militando”, me dijo el diputado y representante del PRI ante el INE Jorge Carlos Ramírez Marín en ADN 40. Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo detenido en Panamá, con un amparo bajo el brazo para librar una nueva orden de aprehensión de la Fiscalía de Quintana Roo. Tomás Yárrington, exgobernador de Tamaulipas preso en Italia, gracias a una investigación del gobierno de EUA. Esta semana se dijo “preso político”. Cuando fue detenido, a pesar de tener orden de aprehensión en México hace años, aún tenía asignados policías ministeriales de Tamaulipas como escolta. Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, que colecciona amparos: tiene 60 para evitar la acción de la justicia, de la que se rió hace meses cuando fue detenido y no pasó ni 24 horas en la cárcel de Topo Chico. Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, señalado por el desvío de miles de millones de pesos, a punto de irse a prisión domiciliaria. Todos los mencionados han sido nota en las últimas dos semanas. Sus casos y escándalos han estado en los medios durante los pasados quince días. Si hiciéramos un ejercicio de memoria más amplio, no acabaríamos. Pero el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong pide “tener fe” en la acción de la justicia, luego del papelón que los fiscales de la PGR hicieron durante la primera audiencia de Javier Duarte el lunes pasado en el juzgado 17 del reclusorio Norte. De los más de 30 mil millones de pesos que ha dicho la Auditoria Superior de la Federación se desviaron durante la gestión del exgobernador de Veracruz –“el mayor desvío en la historia de México”, en palabras del Auditor, Juan Manuel Portal-, la Procuraduría imputó el lavado de 438 millones de pesos, pero en la audiencia inicial del caso, solo pudo sostener el desvío de 38.5 millones de pesos. Ni el 10%. Duarte y su abogado, Marco Antonio del Toro se burlaron de los enviados de la PGR, los agentes del MP, Martha Ramos Castillo, Nelly Magaly Alvarado y Pedro Guevara Pérez. “Está claro que el caso se está desmoronando en estos momentos”, dijo del Toro, luego de varias preguntas que la Procuraduría no supo responder. El mismo juzgador exhibió los desatinos de los representantes de la PGR. “Los números no cuadran, eso está claro”, señaló el juez Gerardo Moreno García, en plena audiencia. “Cuando libré la orden de aprehensión (octubre de 2016), los fiscales que vinieron a exponer aquí el caso me proporcionaron datos de tres parcelas ejidales que ahora no corresponden con lo aquí planteado, No puedo fingir que no conozco ese dato. Los señalamientos de la PGR exhiben incongruencia” remató.   Pero aún así el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong pide “fe”. Quizá porque solo un milagro puede salvar a la PGR del ridículo.   Columna anterior: El preso Javier Duarte