La corrupción es un cáncer que aqueja a nuestro país. Según datos de Transparencia Internacional, este mal le cuesta a México al menos 347 mil millones de pesos al año, sin embargo, hay hechos que hacen incalculable la factura que la corrupción le pasa a la sociedad mexicana, por ejemplo, como aquellos que implican la pérdida de vidas.
A la lista de desfalcos y desvíos ahora tenemos que sumar la ineficiencia y corrupción vinculada con la construcción de obra e infraestructura pública. Ocurrió en una de las “obras estrella” de este sexenio, como es el “paso expréss” que conecta las autopistas Acapulco-Cuernavaca y Cuernavaca-México, donde quedó de manifiesto que las autoridades son corruptas, sus acciones sin escrúpulos y la negligencia junto con constructores cómplices puede cobrar una factura: vidas inocentes.
Pero no es la primera vez que el ramo de las telecomunicaciones está involucrado en hechos irregulares: en 2014, Acción Nacional denunció la adjudicación de la construcción del tren México – Querétaro a empresas que facilitaron aeronaves para la campaña del entonces candidato Peña Nieto; más tarde, la SCT entregó más de 10 millones de televisores, en el contexto del apagón analógico, que significó una derogación de más de 20 mil millones de pesos pero al final, la dependencia no pudo comprobar el destino de más de 11.5 mil de esos equipos. Lo peor es que las prácticas internacionales indicaron que bastaba con la entrega de decodificadores.
Sin duda, es necesario que se separe del cargo al actual titular de la SCT para evitar
que meta las manos en la investigación. Pero no debe quedar ahí, ya es hora de que en este sexenio se sancione con severidad a los servidores públicos que han actuado de forma irregular sin importar el rango o jerarquía que tengan. Las declaraciones absurdas del Secretario Ruiz Esparza culpando a la basura y a las lluvias no son propias de un supuesto funcionario experto, sólo demuestran la falta de sensibilidad de este gobierno y la impunidad que disfrutan los cercanos al Presidente.
Por otro lado, es necesario que se revise la obra en su totalidad pues en sus 14.5 kiló- metros, vecinos han detectado al menos 100 puntos que representan un riesgo tanto para los usuarios como para las casas aledañas.
Es fundamental que se haga una auditoría al proceso de licitación, pues hace unos días se publicó que el consorcio constructor obtuvo el contrato al considerar que la propuesta era “la más económica del concurso”, pese a que no acreditó su experiencia ni especialidad y obtuvo una calificación de 37.8 puntos sobre 50 en el análisis técnico. Llama la atención que de 2013 a 2017, este consorcio ha recibido 31 contratos del gobierno federal.
Es lamentable que la respuesta del Gobierno Federal sea totalmente reactiva, parece que sigue apostándole por la estrategia de “patear el bote” para que los ciudadanos olviden tan delicada situación. No basta con destituir a mandos medios, esta es una situación sumamente grave que debe perseguirse y sancionarse tanto por la vía administrativa como por la vía penal. Ya es hora de que el Presidente deje de guardar silencio y de encubrir a sus amigos, es hora de que le dé la cara a todos los mexicanos. Por desgracia, este sexenio pasará a la historia como el sexenio de la corrupción.
*Senadora PAN