La reciente reforma penal está siendo combatida por algunas voces que incluso la culpan del ascenso que ha tenido la criminalidad en los últimos meses. ¿Qué ha pasado? De verdad, ¿no ha funcionado?
A mí me parece que la percepción de que la reforma es un fracaso, tiene que ver, primero, con el momento y contexto en que se realizó y, segundo, con haber generado expectativas impropias para una reforma penal.
Los impulsores de la reforma no tomaron en cuenta la sabiduría popular que aconseja no cambiar de caballo a la mitad del río. En efecto, esta reforma se implementó en el peor momento, justo en medio de una crisis de inseguridad.
La reforma de justicia en materia penal no obedeció a una política del Estado mexicano preocupado por mejorar la administración de la justicia. La reforma penal fue desarrollada para complacer las exigencias de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de los Estados Americanos y muchos otros empeñados en implantar en México el sistema de justicia anglosajón en vez de nuestro sistema de derecho escrito basado en el Derecho Romano.
La reforma a la administración de justicia penal no incide de manera directa y significativa en el problema de la inseguridad. Si del universo total de delitos que se cometen en el país diariamente, sólo un mínimo porcentaje, de aproximadamente 5%, llega a los tribunales, entonces lo que ahí ocurra casi no pinta en el tema de la inseguridad.
Este sistema integra lo que la Constitución denomina Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual comprende tres aspectos fundamentales: la prevención del delito, la investigación y persecución del delito y la imposición de las penas que impone el juez.
Es en este sistema donde se ha dado el colapso de la seguridad. Nos hemos quedado prácticamente sin policía funcional, con muy pobre investigación del delito y las cárceles son un desastre. La policía preventiva es el dique que debe contener a la delincuencia. Cuando este dique falla, no hay nada que la contenga y vivimos a merced de las bandas delincuenciales. Ante la avalancha de delitos que se generan todos los días, no hay sistema de seguridad y justicia que funcione. Todo está colapsado. Cualquier esfuerzo por resolver este problema debió empezar por la reestructuración de la policía.
La reforma penal cuando esté debidamente asumida en nuestros tribunales redundará sin duda en beneficio de los justiciables, y atribuirle la inseguridad que vivimos como pretende la CONAGO no sólo es irresponsable sino perverso. La reforma penal no tiene nada que ver con la crisis de seguridad que nos asfixia. El gobierno de México tendrá que reconocer, algún día, que no es posible restructurar la policía, regenerar el tejido social, reestablecer la paz y la armonía en el país, disminuir la corrupción y la impunidad, mientras no se modifique la absurda y demente política que tenemos en materia de narco tráfico.