Armando Alfonso Jiménez: La tensión entre derechos y sistema penal

OPINIÓN

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No es nada nuevo que, en nuestro país o en otras latitudes, las autoridades esgriman pretextos para no cumplir con su cometido de brindar condiciones de seguridad pública. Hay políticos que creen que el garantizar más derechos a los presuntos responsables de delitos incide inevitablemente en la generación de mayor delincuencia y, bajo esa perspectiva, lo que procede es disminuir los derechos. Otros tratan de esconder su responsabilidad trasladándola a otros órganos del sistema de seguridad pública. Se suele acusar al Poder Judicial de ser culpable de liberar indebidamente a “delincuentes”, cuando las evidencias no los incrimina o cuando el Ministerio Público no integra debidamente la investigación. En la década de los 80, en Italia, ante la ola de criminalidad de la mafia y una demanda social de mayor seguridad, los gobernantes en turno aligeraron la exigencia de respeto de los derechos humanos de los presuntos responsables de los delitos. Al estudiar este fenómeno, Luigi Ferrajoli comenzó a construir una doctrina tendiente a la máxima protección de la dignidad humana que es el garantismo, teoría que originalmente pugnaba por cumplir los parámetros internacionales en el combate al crimen. En México, ese modelo a nivel teórico ha tenido parcialmente aceptación. Históricamente, la relación entre derechos y poder punitivo en México ha sido pendular. El péndulo en el autoritarismo: cómo olvidar la época en la que la confesión era la reina de las pruebas y toda corporación policíaca mediante la tortura arrancaba la “verdad” histórica de los expedientes, la cual era avalada mecánicamente por el Poder Judicial. A raíz de lo anterior, se explica la necesidad de contar con un estatuto jurídico a favor de los probables responsables de los delitos y el inicio de la transformación del Poder Judicial. El péndulo se movió al lado de los presuntos responsables de los ilícitos. Al poco tiempo, el péndulo de nueva cuenta osciló y se colocó justificadamente en los derechos de las víctimas, aun cuando lo que ha prevalecido desde hace muchos años y hasta ahora ha sido la impunidad, asignatura lastimosa y urgente de resolver. Y como telón de fondo una cuestión que no ha sido resuelta por el poder público y que el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, ha puesto atinadamente en la mesa de análisis: la dignificación de la policía. Yo lo extendería a otros servidores públicos como los peritos y los agentes del Ministerio Público. No estaremos en condiciones de transformar el sistema de seguridad pública si no contamos precisamente con una visión integral del respeto a los derechos humanos de todos los actores involucrados. Por eso quienes a la ligera intentan culpar al sistema de derechos o al poder judicial por la falta de seguridad y justicia actúan, por lo menos, con poca responsabilidad. No generemos un falso debate: es posible la persecución de los delitos con pleno respeto a los derechos humanos.
  *Constitucionalista y miembro del Consejo Directivo de la AMEDI