Las jodidas cárceles

OPINIÓN

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Las cárceles, como retrato de la descomposición social, del valemadrismo de la clase gobernante que piensa que lo que ocurre al interior de ellas, no impacta en las calles ni en la vida de millones. Organizaciones civiles y las propias autoridades han reconocido que buena parte de los secuestros y extorsiones -50%, según cifras conservadoras-, se operan desde un prisión. Los motines y enfrentamientos han dejado de ser la excepción, para convertirse en regla. Los más cruentos choques arrojan decenas de muertos: 28 en el penal de Acapulco, del Guerrero rojo que gobierna (es un decir) Héctor Astudillo, hace menos de una semana; 7 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde el caos lo patrocina Francisco García Cabeza de Vaca, el pasado mes de junio; 4 en Cadereyta en marzo y 60 en Topo Chico en febrero, en el desastre cortesía de Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', en Nuevo León… pero la escalada de violencia no es nueva: 31 en Altamira en enero 2012, 44 en Apodaca en febrero del mismo año, 24 en Gómez Palacio en diciembre… la lista es interminable. Las justificaciones preocupan todavía más. Se trata de pugnas “entre grupos rivales por el control del penal”, dicen al unísono las autoridades cuando estalla una matazón. ¿No son ellas las que tendrían que estar al mando? Si no pueden siquiera mantener el orden dentro de una prisión, ¿qué podemos esperar que ocurra en las calles? El último informe de la CNDH -2016- sobre las condiciones del sistema penitenciario, da terror: 50% de las cárceles tienen autogobierno. Sí, en la mitad las autoridades son un adorno, sino es que cómplices del caos y la rebatinga entre bandas criminales. Y ni hablar de otro tanto que viven en cogobierno. Tras cada motín, el director del penal es cesado, como si eso solucionara algo. Llega otro, y el fenómeno se repite. El titular de una cárcel no se manda solo, tiene un jefe: un director, un subsecretario, un secretario que rara vez es alcanzado por las investigaciones tras los disturbios y saldos trágicos. La propia Comisión, encabezada por Luis Raúl González Pérez, exhibió cómo, en una escala del 1 al 10, hay entidades cuyas prisiones reprueban penosamente. En Nayarit, por ejemplo, la calificación es vergonzante: 1.40. En Hidalgo, por el estilo: 2.78; Jalisco: 3.57; Tabasco: 3.94; Chiapas: 4.12... ¿Y los gobernadores Roberto Sandoval, Omar Fayad, Aristóteles Sandoval, Arturo Núñez, Manuel Velasco...? Mirando hacia otro lado. Las cárceles son una bomba de tiempo. Sobrepoblación, hacinamiento, precarias condiciones, nula separación entre procesados y sentenciados, falta de profesionalización de los custodios, privilegios para quienes tienen dinero y poder, son la constante. A pocos en los gobiernos parece importarles lo que sucede al interior de ellas. Ahora se acusa al nuevo Sistema de Justicia Penal de abrirle la puerta a miles de reos, para que salgan a delinquir. Puede ser. Pero, ¿y si se hubieran tomado en serio la reinserción social? ¿Si de verdad importara lo que ocurre dentro? No es que las cárceles sean tierra de nadie, es que son territorio en manos de criminales y están en medio de la disputa entre bandas.   -Off the récord En la fiebre de suspirantes y destapes, nadie ha dicho qué hará con ellas. Es más, no parecen tenerlas ni en el radar. ¿A algún presidenciable le importa el tema?   Columna anterior: Javier Corral, nadando de muertito