El negocio sucio de la limpieza

OPINIÓN

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Una guerra sin cuartel es la que sacude al negocio de limpieza de oficinas de gobierno tanto de la Ciudad de México, que lleva Migue Ángel Mancera, como del gobierno federal, que encabeza Enrique Peña Nieto. Se trata de un presunto cártel de empresas del empresario Alfredo Sanroman Cervantes, quien a toda costa busca desprestigiar a sus competidores en licitaciones públicas. Sin embargo, tres de sus ocho empresas con las que cuenta, léase Ficot, Mantenimiento Roc y Fejastec, fueron inhabilitadas por haber falsificado documentos en el proceso de licitación LA-019GYN005-2015 que llevó a cabo el ISSSTE, de José Reyes Baeza, para la contratación plurianual de servicios de limpieza en junio de 2015. En días pasados, el propio ISSSTE tuvo que salir a defender dicha licitación y explicar detalles, ante los cuestionamientos de que fue objeto, porque el sector se ha convertido en una batalla campal por los multimillonarios contratos. Actualmente, Fejastec SA de CV tiene un procedimiento penal del cual derivó que un juez girara orden de aprehensión por el delito de defraudación fiscal en contra de quien fuera la administradora única, Lourdes Pérez Oliva, quien lleva ya 18 meses recluida en el Reclusorio Norte bajo la Causa Penal 277/2015-III Juzgado Segundo de Distrito de procesos penales de la Ciudad de México. A partir de ahí, Hacienda de José Antonio Meade, a través del SAT de Osvaldo Santín, han incrementado la vigilancia hacia estas razones sociales, y las demás de compiten en el sector de los servicios de limpieza. Se trata de empresas ligadas al empresario Sanroman Cervantes, además de otras como Fireky, Cato Servicios, Molt Net y Joad Servicios, mismas que se sospecha que participan en bloque en las licitaciones con el fin de desplazar a sus competidores. Asimismo, es urgente que la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Arely Gómez, esté pendiente de que los funcionarios que intervengan en procesos licitatorios lo hagan de manera transparente. Les seguiremos informando.   Lupa en la SCT   En los próximos días el presidente Enrique Peña Nieto y la SCT de Gerardo Ruiz Esparza inaugurarán el distribuidor vial Alfredo del Mazo, el cual ayuda a descongestionar la carretera Toluca-Naucalpan, misma que se construyó hace más de 50 años en esta zona de la capital mexiquense. Sin embargo, hay un servidor público de la SCT del Estado de México que pretende boicotear esta gran obra de infraestructura que beneficia a más de dos millones de habitantes de los municipios de Toluca, Metepec y San Mateo Atenco, principalmente. Resulta que en las oficinas centrales de la dependencia están muy molestos porque de repente apareció un grupo de ejidatarios de Santa Cruz Atzcapotzaltongo que reclaman el pago de 42 mil metros cuadrados de tierra. Lo misterioso es que el nuevo distribuidor vial se construyó en una zona donde ya existía una carretera, misma que se inauguró hace uno 50 años, por lo que las supuestas protestas de los ejidatarios no tienen sentido, a menos que alguien busque ocasionar un conflicto. Al interior de la propia SCT, se sospecha de Alfredo Rodríguez Aguilera, quien entre otros cargos ha pasado por la Secretaria de Infraestructura de la entidad que aún lleva Eruviel Ávila, y del grupo que está detrás de él, pero esos detalles se los contaré próximamente.   Columna anterior: Los empleados de Microsoft México lloran y tiemblan