Es una pregunta recurrente desde que se puso en marcha el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
La discusión volvió a estar sobre la mesa la semana pasada, cuando el comisionado de seguridad de Morelos, Alberto Capella, grabó un video donde manifestaba su “enorme indignación y gran preocupación” porque, con base en las nuevas disposiciones judiciales, el pasado 4 de marzo una juez de control dejó en libertad a 7 presuntos secuestradores que formaban parte de la banda “Los Linos”. Días después, detectaron acoso y vigilancia sobre las casas de varios de sus elementos.
De inmediato le llovieron críticas, como la del senador Roberto Gil, quien lo tachó de “incompetente” y dijo en un tuit que “el modelo no era el problema”, sino los policías estatales.
Pero no es el único caso: en febrero, 6 personas fueron detenidas en flagrancia, cuando mantenían privadas de su libertad a dos personas (una menor de edad) en Jaltipan, Veracruz. A pesar de ello, un juez ordenó la inmediata liberación de todos porque los elementos de la Agencia de Investigación Criminal que los detuvieron los trasladaron a la Ciudad de México, en lugar de hacerlo a la cárcel más cercana como lo establece el nuevo sistema de justicia. Esa no fue una corporación cualquiera, sino la que trabaja para el mismísimo Procurador General de la República.
Sería muy bueno que alguien en el Poder Judicial saliera y diera la cara para explicarle a la ciudadanía por qué están liberando delincuentes. Que nos dijeran lo que se está haciendo mal, lo que podemos esperar y debemos exigir.
Cotidianamente le solicitamos a las autoridades que vayan a la calle a capturar criminales, detengan la ola de violencia y nos devuelvan la tranquilidad, pero ¿y los jueces?
Sería muy bueno que bajen del paraíso en el que se encuentran y nos expliquen a los mortales en un lenguaje claro, sin abstracciones e interpretaciones lo que está pasando.
Porque esa sensación de impunidad está propiciando una gran animadversión hacia el nuevo sistema. Las víctimas dicen que parece hecho para atropellar sus derechos, para beneficiar a los delincuentes.
Sería muy bueno también darle una explicación a los policías, soldados y marinos que arriesgan su vida intentando capturar criminales. Porque además de su propio riesgo, está el de sus familias; ya hemos visto venganzas atroces en varios estados.
No ayuda tampoco a animar la denuncia. ¿Quién se va a atrever a señalar una conducta criminal cuando el presunto puede salir y cobrárselas?
Sería muy bueno que las explicaciones fueran convincentes, porque es importante la ley, pero los formalismos y tecnicismos no pueden estar por encima de la vida de una persona.
Contraseña: Al ver al Secretario de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda ir a votar en el Estado de México con una credencial vencida (de dos que tiene), se entiende mucho de por qué las cosas están como están.
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