Los servicios de seguridad y las diplomacias de varios países latinoamericanos están cada vez más preocupados por el creciente deterioro de la situación en Venezuela.
Parecería una verdad de Perogrullo, sobre todo después de lo que algunos ven como fracaso en la Organización de Estados Americanos (OEA) por impulsar una resolución que a final de cuentas proponía una mediación internacional.
Pero la preocupación es menos con la postura formal del gobierno del presidente Nicolas Maduro sino con los extremos a los que está dispuesto a llegar.
Uno de ellos, que preocupa particularmente a varias cancillerías de la región, es la anunciada idea de ampliar y armar a las "Milicias Bolivarianas". Las implicaciones son muchas. Una en específico alarma por ejemplo a los servicios de seguridad.
Venezuela parece sumirse gradualmente en un pantano económico ¿Cuantos de los estimados 500 mil fusiles Kalashnikov" que el gobierno de Maduro repartirá llegarán de contrabando a las naciones vecinas?
Colombia se encuentra en un proceso de desarme y las armas que lleguen pueden no encontrar un mercado suficientemente grande ahí, pero ¿hacia donde irán?
Uno de los destinos podría ser México, por razones obvias, y eso preocupa a los servicios de seguridad mexicanos.
Paralelamente, los riesgos de una ruptura institucional parecen cada vez mayores. Venezuela se ha convertido en un país emisor de personas, expulsadas por los problemas económicos y los conflictos políticos.
Algunos, incluso sectores de oposición en Venezuela, creen que el régimen del presidente Maduro busca pretextos que justifiquen una intervención mayor de las Fuerzas Armadas en los trabajos de represión contra las que parecen crecientes manifestaciones de oposición.
Se basan por un lado en las declaraciones del propio presidente Maduro por sus afirmaciones de que lo que no se logre mediante el voto será obtenido con las armas.
O del Ministro de Defensa, Vladimir Padrino, sobre la posibilidad de usar recursos "más letales" para defender al régimen. Una versión procedente de Caracas afirma que el gobierno Maduro se apresta además a tratar de aislar y arrestar en lo posible a elementos disidentes en las Fuerzas Armadas o el propio gobierno.
Con esos antecedentes pueden verse las reservas de la oposición venezolana respecto al "ataque terrorista" del martes contra el edificio del Tribunal Superior de Justicia justamente cuando el mandatario venezolano se dirigía a un grupo de periodistas.
De hecho, el gobierno parece culpar a una facción disidente de su propio Partido Socialista Unido de Venezuela aliados con elementos de la policía científica -que usaron además un helicóptero de la misma institución- para justificar una "purificación" de personas como la fiscal General Luisa Ortega, considerada como una seguidora del chavismo tradicional y ahora abierta crítica de la idea de una nueva constitución.
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