¿Se atreverá el TEPJF a hacer historia?

OPINIÓN

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Los mexicanos -y nuestros derechos- hemos vivido secuestrados por los partidos y los políticos desde que existe este país. No hay un solo tema, por muy importante que sea, que avance sin la voluntad política de quienes nos gobiernan. La posibilidad de promover leyes surgidas desde la sociedad civil fue un anhelo de muchos años. Finalmente, el 20 de mayo de 2014 fue aprobado un decreto que creó la Iniciativa Ciudadana y la Iniciativa Preferente. La Iniciativa Preferente, facultad exclusiva del Presidente de la República, le da la posibilidad de presentar hasta dos iniciativas en cada periodo ordinario de sesiones del Congreso. El Poder Legislativo tiene hasta 30 días naturales para discutirla y votarla. Sin embargo, lo que se anunció como un gran avance en los derechos políticos de los mexicanos no es del todo cierto, porque la Iniciativa Ciudadana parece ‘de segunda’. A diferencia de la Iniciativa Preferente, la ciudadana no impone plazos ni obliga al Poder Legislativo a discutir y votar las propuestas de leyes surgidas de la sociedad. En febrero pasado, la diputada del PRI, Ivonne Ortega, logró la firma de 404 mil 324 ciudadanos que apoyaron su propuesta para revertir el gasolinazo. Ésta Iniciativa Ciudadana propone reducir el impuesto especial que se aplica a los combustibles para que los precios bajen al nivel que tenían antes del aumento, en diciembre de 2016. Pero, la iniciativa ciudadana impulsada por la diputada Ortega no ha prosperado simplemente porque no cuenta con la voluntad política de los diputados. La propuesta de reducir el impuesto especial, y por consecuencia el precios de las gasolinas, tiene contra la pared a los partidos políticos. ¿Quién se atreverá a votar en contra cuando todos los partidos -excepto el PRI- criticaron el gasolinazo y lo utilizaron como bandera de campaña? Ante la parálisis legislativa, se promovió un Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es ahí donde viene la oportunidad histórica para el TEPJF, porque no solo se trata de destrabar la iniciativa para reducir el impuesto especial a las gasolinas. Los Magistrados deben atreverse a ir a fondo en la defensa de los derechos político-electorales de los ciudadanos y obligar al Poder Legislativo procesar con plazos y reglas claras las Iniciativas Ciudadanas. ¿Estarán los Magistrados conscientes de la responsabilidad que este asunto les implica? ¿Tendrán la estatura suficiente para trascender en la historia de la defensa de los derechos ciudadanos? ¿Se doblegarán ante las presiones que seguramente recibirán del gobierno y los partidos políticos? Si tienen la entereza necesaria para entrarle a fondo en la defensa de los derechos político-electorales de los mexicanos, los Magistrados del TEPJF se llevarán el reconocimiento del pueblo y de la historia. Si no, nos condenarán a seguir secuestrados por los intereses de los políticos y sus partidos.   Columna anterior: AMLO ambivalente