Dinero ilícito en campañas

OPINIÓN

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Se calcula que más de la mitad de los recursos que gastan los partidos políticos en campaña son de origen desconocido y no hay autoridad electoral ni fiscal capaz de investigar su procedencia ni la forma en cómo y en qué se gasta. Lo más grave es que prácticamente todos los candidatos y partidos rebasan los topes de campaña, pero nunca han anulado una elección por ese motivo. Todo mundo se hace de la vista gorda. No hay iniciativa ni proyecto que atienda una práctica que, en el “mejor de los casos”, se presta para el desvío de recursos públicos y, en el peor, abre la puerta a dinero que proviene del crimen organizado para comprar candidatos e imponer autoridades. En el argot electoral existen dos tipos de recursos que se usan para las campañas: El “Flujo A” corresponde a las prerrogativas que entregan a los partidos para sus actividades de campaña y que son fiscalizados “en tiempo y forma”. El “Flujo B” es dinero de origen desconocido, mismo que gastan candidatos y partidos pero que no se reporta a los órganos de fiscalización. De acuerdo con información atribuible al Banco de México, en época electoral el flujo de efectivo aumenta hasta en seis veces. Se calcula incluso que el “flujo B” ronda los 17 mil millones de pesos, que no fiscaliza el INE ni se contempla como gasto de campaña. Y aquí la interrogante es: ¿de dónde sale tanto dinero? Nadie tiene la repuesta y, como dice el clásico, ni la tendrá, porque, aunque existen intentos para controlar esa práctica, como el Acuerdo de Blindaje Electoral, todo queda en letra muerta. Por ejemplo, la Unidad de Fiscalización del INE ni siquiera tiene la capacidad para fiscalizar la totalidad de los recursos que entregan de manera formal a los partidos. Cuenta con apenas 250 auditores que en cada elección quedan completamente rebasados. Y la cosa va de mal en peor: este año, con elecciones en solo cuatro estados (Coahuila, Estado de México, Veracruz y Nayarit) se incrementó el número de denuncias por financiamiento ilícito de campañas. Tres meses antes de la elección del 4 de junio, la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales había iniciado 120 carpetas de investigación, para mayo ya eran 165. Mientras que en las elecciones de 2016 sólo hubo 14. Expertos, como Alfredo Cristalinas, advierten que la fiscalización será un cuento de nunca acabar, por lo que la alternativa es buscar otros modelos como el que existe en Costa Rica, donde se bursatiliza el financiamiento a los partidos. Como éste hay muchos ejemplos lo que falta ver es la voluntad del gobierno federal, la Cámara de Diputados y el Senado de la República para entrarle al tema y cambiar las reglas del juego. *** Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El dinero no es un mal en sí mismo, el mal radica en su mal uso.”   Columna anterior: Ronda el fantasma del intervencionismo