La autorización emitida el miércoles por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) al gobierno de la Ciudad de México para construir la Línea 7 del Metrobús demuestra que las autoridades iniciaron una obra sin permiso; mientras la Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA) ofrece pruebas al juzgado porque sostienen que hay violación de los derechos humanos de la población.
En materia legal siempre hay perspectivas para el análisis, mientras algunos consideran que en la audiencia de alegatos convocada por el juez Fernando Silva, se pueden dar los pasos finales que permitan al gobierno reiniciar los trabajos suspendidos de la Línea 7, otros consideran que el proceso está en la primera etapa.
Para la autoridad capitalina el convenio firmado será determinante para la resolución, pues en la audiencia del 28 de junio, el INAH como autoridad responsable de velar por los monumentos de valor histórico puede argumentar que no hay afectación, así que el juicio quedaría sin materia.
Rolando Cañas, presidente de la AMDA recalca que las autorizaciones posteriores, como esta del INAH, no validan la obra; sólo demuestran que el gobierno trabajó sin una autorización y eso no resacarse la ilegalidad cometida. Además se mantiene el argumento del Instituto que Paseo de la Reforma es un monumento histórico regulado por una ley federal.
El acuerdo con el INAH no demuestra la afectación al ambiente, explica Cañas, eso requiere una prueba pericial, tampoco el reclamo de la falta de una consulta que se especifica en la normatividad local e internacional.
En el caso de la tala de los 618 árboles que se reportan en el proyecto, el juez requirió la información sobre la manera en que gobierno compensará esa acción, lo cual no está claro; también está pendiente la explicación del impacto que tiene la combustión de diesel, porque los especialistas consideran que no es la mejor alternativa.
Para los abogados ambientalistas este juicio no es una cuestión administrativa, sino de derechos ciudadanos protegidos, entonces la resolución del juez será respecto a los derechos.
Por ello, la Academia Mexicana de Derecho Ambiental de manera paralela al proceso que se sigue en la Ciudad de México analiza acudir a organismos internacionales para demostrar que en la capital del país no se toman medidas para proteger el ambiente.
En cuestión de días se podrá saber qué tan largo será este juicio y conocer la puertas que a nivel internacional toque la Academia. Quizá esta acción abolle la imagen del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera que a penas en marzo recibió en Londres el premio Green Bonds Awards 2017, por la emisión de bonos verdes para combatir el cambio climático.
El proceso de la Línea 7 del Metrobús ha puesto al descubierto muchas aristas, las contradicciones del INAH, pero también la falta de coordinación y cumplimiento de la ley por parte de las secretarías de Movilidad, Obras, Cultura así como la Consejería Jurídica.
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