En México todos los gobiernos han espiado y dos Presidentes, Luis Echeverría y Díaz Ordaz, fueron bocones a sueldo de la CIA. El Estado creó la DFS y más tarde el CISEN para perseguir opositores, y la Defensa, la Marina, la Procuraduría y la Policía Federal construyeron capacidades de inteligencia con distintas virtudes y oscuridades.
Esto último, contra la creencia general, es reciente. Antes del gobierno de Calderón el espionaje era un ejercicio sin método: simple colección de datos. Pese a todo lo que representaban estas instituciones –escucha ilegal, violación a derechos humanos, persecución y aniquilamiento de adversarios–, el espionaje estaba en términos generales bajo control del Estado.
Las revelaciones del New York Times sobre el espionaje a periodistas y activistas por medio del malware Pegasus adquirido por el Ejército, la PGR y el Cisen, son un buen pretexto para preguntarse: ¿en qué momento el espionaje se salió de control?
En la transición de 2000, el gobierno de Fox tomó la decisión de desmantelar al Cisen, que arrastraba una historia de inteligencia fallida en los asesinatos de Colosio, Ruiz Massieu y el levantamiento zapatista.
Cuando Calderón y Bush pactaron la guerra contra el narco en la Casa Blanca, las capacidades de inteligencia hacían agua. No había inteligencia ni los fierros –como se les llama a los instrumentos de espionaje– para operarla.
“Quiero todos esos juguetes”, dijo Calderón y Bush y el Congreso de Estados Unidos abrieron la cartera de la Iniciativa Mérida para entrenar a miles de policías mexicanos en la CIA, el FBI, El Pentágono y la Policía Nacional de Colombia. Cuando la guerra cumplió tres años, Calderón inauguró Plataforma México, un búnker con cientos de computadoras, divisiones científicas –laboratorios forenses, de crimen, de inteligencia y antidrogas– y 800 agentes.
“Nuestra tecnología es tan moderna como la de cualquier agencia de Estados Unidos”, presumió Genaro García Luna a la secretaria Hillary Clinton.
Por cuestionable que sea la decisión calderonista de desatar una guerra que ha sembrado más 300 mil muertos, está claro que las tareas de inteligencia y espionaje tuvieron por primera vez una estructura y métodos más o menos sólidos, y un objetivo: combatir a los cárteles.
Hoy el espionaje en México es un deporte negro y fuera de control; espía el gobierno, espían los empresarios, espían los políticos. Mientras tanto, la Plataforma México no tiene presupuesto para operar.
Pese a esto el gobierno peñista invirtió 80 millones de dólares en la compra del programa espía. La Presidencia dice que no existen pruebas del espionaje. ¿Entonces quién espía desde el aparato de gobierno?
Si el Pacto por México no es un pacto de impunidad, en la Cámara de Diputados la oposición –como en el pasado– debería estar ahora mismo exigiendo una investigación independiente sobre el espionaje contra activistas y periodistas.
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