Ojalá, es probable, pero no es un hecho. El escándalo con respecto al uso del malware que adquirió el gobierno federal para espiar periodistas y activistas ejemplifica los riesgos de una ley que, en una de sus versiones, permitiría el espionaje sin mayores controles. En una de las iniciativas incluso se otorga valor probatorio a las intervenciones que realicen las agencias de inteligencia. Los recientes sucesos dejan en el aire la duda sobre si la legislación en cuestión está pensada para regularizar labores de espionaje que ya se realizan.
La historia de la ley de seguridad interior es una de desaciertos, políticos y de políticas públicas que el país requiere en esta materia. En lugar de que el gobierno presentara una propuesta con lo que considera que debe de ser la regulación en el tema, se enviaron dos iniciativas; la del senador Gil y la del diputado Camacho, que coinciden en otorgar a las Fuerzas Armadas licencias para actuar por encima del marco legal y asumir funciones que corresponden a la autoridad civil. Se trata de ideas similares a las leyes patrióticas de los Estados Unidos en las que el “deber de proteger” de las agencias de seguridad implica que los ciudadanos sacrifiquen garantías y libertades.
Al momento, no existe un dictamen de las iniciativas, tampoco si en la ley se establecería un periodo para la salida de los militares en tareas de seguridad pública, o si en realidad se trata de un concepto para mantener de manera permanente a los militares en esa labor. El debate ha sido tramposo, se utilizó al ejército con fines electorales, al tratar de hacer ver cómo su enemigo a quien cuestionara la legislación. En realidad, se reconoce plenamente el trabajo de las Fuerzas Armadas en favor de la ciudadanía y es evidente que no es viable la salida de las mismas de zonas en donde actualmente auxilian en materia de seguridad. Pero lo que no se puede aceptar que se pretenda forzar un marco legal que no corresponde a la constitución.
Se dice que la aprobación de la LSI no avanzó porque el PAN exigía a cambio la aprobación del mando mixto policial. En primer lugar no se trata de asuntos intercambiables, tampoco complementarios. Los riesgos de las iniciativas de seguridad interior hacen inviable su aprobación. Por otro lado, la discusión de mando mixto vs único re ejan el extravío de nuestra discusión en materia de seguridad.
Lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo capacitamos policías, cómo les pagamos los suficiente para atraer nuevos elementos, cómo los equipamos y los acercamos a la comunidad, los involucramos en el nuevo sistema acusatorio, los enseñamos a investigar, los hacemos respetuosos de los derechos humanos, de la equidad de género. Eso requiere de un enorme esfuerzo de recursos y de transformaciones institucionales, pero eso sí podría ser el inicio para revertir la epidemia de violencia del país. Eso y acciones efectivas de prevención.
*Diputado federal por Morena
@vidallerenas