No son buenos tiempos para defensores, activistas y periodistas en México. Cuando no es el crimen organizado el que los acecha o mata, es el gobierno el que, en lugar de respaldarlos, les queda a deber. Y el último ejemplo es muy claro.
Gracias a The New York Times supimos que mexicanos dedicados a estas actividades, fueron víctimas de espionaje con un programa creado para vigilar a delincuentes, que solo se vende a gobiernos.
La respuesta de la administración federal, principal sospechosa de llevar a cabo esta actividad, fue más que decepcionante. En un escueto boletín, se autoexculpan y piden a los activistas que vayan a la Procuraduría General de la República a denunciar.
Platiqué con Alexandra Zapata, una de las víctimas del espionaje. Su trabajo en el Instituto Mexicano para la Competitividad ha sido fundamental para conseguir leyes que intenten frenar la corrupción que nos ha avasallado en los últimos años. Las fechas de los intentos de hackeo a su teléfono no son una coincidencia. Cuando alzaba la voz para que los legisladores tomaran en cuenta sus propuestas para construir el Sistema Nacional Anticorrupción, comenzó a recibir en su celular mensajes SMS con el programa ‘Pegasus’ de la empresa NSO Group. Luego de mandar a analizar su teléfono a Toronto, confirmó que los espías habían logrado su objetivo. Todos los denunciantes tienen en común el haber hecho trabajos que han incomodado a integrantes del gobierno federal.
Hoy Alexandra y sus colegas tienen una gran preocupación: ¿quiénes tienen los datos de sus teléfonos y qué están haciendo con esa información? ¿qué pretenden con los contactos, los chats, las fotografías, las notas que mantenían en sus aparatos?
También tienen dudas. Si no fue el #GobiernoEspía ¿quién está usando una herramienta de uso exclusivo de gobiernos?
Pero sí tienen una certeza: su tranquilidad fue robada al mismo tiempo que los datos en sus teléfonos.
Los periodistas y activistas víctimas del espionaje se adelantaron al boletín de la Presidencia de la República e interpusieron una denuncia ante la PGR, que decidió que la FEADLE (Fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión) sea la que atienda el caso. Sí, la misma fiscalía que en un mes no ha dado un avance de las investigaciones sobre la muerte del periodista Javier Valdez. La que no ha resuelto más del 90% de los casos de crímenes que indaga. Ese es el tamaño del compromiso.
Lo mejor que le puede pasar a estos defensores, activistas, periodistas, medios e instituciones donde trabajan, es que esta administración se vaya. Que los 18 meses que les quedan pasen pronto. No se puede esperar más. La tranquilidad no la van a recuperar.
CONTRASEÑA: No habrá respuesta pública de la dirigencia nacional del PRI a las corrientes que exigen democratizar los procesos internos de selección de candidatos. No les quieren dar reflectores.