Oceanografía, crónica de un desastre

Aquella mañana de febrero de 2014 comenzó con una noticia: un evento relevante de Banamex en la Bolsa Mexicana de Valores. El banco anunciaba que había detectado un fraude por 400 millones de dólares a su división en México. Horas más tarde la Procuraduría General de la República convocó a una apresurada conferencia de prensa. Jesús Murillo Karam, entonces procurador, anunciaba que el gobierno de Enrique Peña Nieto intervendría en un conflicto entre particulares, es decir, entre el banco y la entonces principal contratista de Pemex, la naviera Oceanografía. El caso se convirtió en el primer emblema del entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, contra la corrupción. Años más tarde devino en un duro revés para el gobierno mexicano y para el banco, que ha perdido los juicios por fraude y no ha logrado probar que fue engañado para malversar fondos públicos. Pero el drama de esta historia no ha estado ahí, sino en los 11 mil trabajadores que han perdido sus empleos y su estabilidad económica a raíz de aquel anuncio de Murillo Karam, en Ciudad del Carmen, puerta de entrada a la gran reserva petrolífera de Cantarell. La mayoría de los empleados y sus familias quedaron sin trabajo durante los años en que el Servicio de Administración Tributaria ha manejado Oceanografía, mientras los asignados para administrar la empresa se despacharon sueldos que quintuplicaban el salario del presidente. Uno de ellos fue Alfonso Maza Urueta, síndico sustituto de la compañía en 2014, quien ganaba 619 mil pesos mensuales en el puesto. Durante los años en los que Amado Yáñez, dueño de la empresa, estuvo encarcelado, desde el gobierno nunca dejaron de llevar un minucioso registro de con quién hablaba, de quién se interesaba en la otra versión del caso. Y la otra versión pasaba por una práctica recurrente en México: el trámite de gestionar créditos a compañías usando como garantía una tasa de interés gubernamental y poniendo como respaldo un contrato de gobierno. Este martes fue publicado por el Poder Judicial un acuerdo tomado la semana pasada dentro de la PGR, por el que el gobierno mexicano saldrá de Oceanografía. La compañía quedará en manos de un síndico, nombrado por los acreedores (las empresas a quienes les estaban pagando barcos cuando fue tomada por el gobierno) y ratificado por el juez del caso. El levantamiento significa, de facto, otra derrota en el supuesto combate a la anticorrupción y un fraude que nunca fue probado y por el que Banamex continúa litigando, sin éxito. En el verano próximo, Oceanografía deberá acordar con sus acreedores y hacerse cargo de su proceso de quiebra. Pero en el escenario no se vislumbra aún quién revisará y auditará cuál fue el manejo del dinero de la compañía que llevaron quienes, a nombre del SAE, manejaron y desmembraron este gigante naviero en los últimos tres años. Columna anterior: Prevención del delito, el desastre