En 2018 nuestro país vivirá el proceso electoral más grande en cuanto a la cobertura regional en su historia con 3 mil 447 cargos en juego en 30 entidades federativas y la elección federal para renovar el Congreso de la Unión y elegir Presidente, lo que va a representar para la fiscalización del INE al menos la revisión de 50 mil informes entre pre campaña y campaña con la expedites que exige la Ley.
Pero el reto de la fiscalización del INE para el año venidero no está en el volumen de informes y la rapidez de su revisión porque eso ya se hace bien, el verdadero reto está en la regulación de las campañas donde habrá reelección, donde quien competirá en las campañas ya está en el servicio público y tiene a su disposición recursos materiales, financieros y humanos que representan el riesgo de ser utilizados en su beneficio.
Los acuerdos de blindaje electoral, de los que por cierto, nunca ha existido un informe de resultados de las instancias que los suscriben, donde se indique cuántas denuncias recibieron, desahogaron y sancionaron por uso indebido de recursos públicos en las campañas, requieren una reformulación que permita la operación conjunta, real y efectiva para eliminar o al menos minimizar el riesgo de desvío de recursos a las campañas, más ahora que servidores públicos que disponen de ellos contenderán para la reelección de sus cargos.
El INE no ha considerado ejercer la facultad que tiene para delegar la fiscalización de campañas en los órganos electorales locales, porque algunos partidos han presionado para que esto no suceda.
Lo cierto es que si lo hiciera, en el 2018 podrían concentrarse en la fiscalización de las 629 campañas de la elección federal, las 8 de gobernador y la que tendremos en la Ciudad de México para elegir Jefe de Gobierno, pues ello permitiría una mejor fiscalización para acreditar los rebases de topes de campaña y el financiamiento paralelo, que la autoridad actualmente no está viendo.
El reto para el 2018 estará en la elaboración, aprobación y divulgación oportuna de reglas claras para la fiscalización de precampañas en las que se establezca la participación o no, de los cargos que entran al proceso de reelección; de las campañas con esta nueva figura pero muy riesgosa para la fiscalización de candidatos que son servidores públicos en funciones; y, de coordinación y operación efectiva del blindaje electoral.
A todo eso añádale la primera elección presidencial con candidatos independientes, una elección de cobertura nacional con todos los recursos que ello implicará.
*Consultor y extitular de la Unidad de Fiscalización del INE