En un segundo plano

Por: Patricia Guadalupe* El escándalo que causó un tiroteo durante una práctica para un juego de beisbol entre congresistas en las afueras de Washington acaparó la atención política nacional, al desatar un nuevo debate entre aquellos que buscan limitar el acceso a armas de fuego, y quienes interpretan la Segunda Enmienda de la Constitución como una carte blanche para tenerlas. Normalmente los debates terminan en nada, ante el fuerte cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), una poderosa organización en contra de límites. Pero tanto se habló que pocos se dieron cuenta esta semana que el presidente Donald Trump decidió dejar quietos a los llamados DREAMers, o soñadores, al menos por el momento. Los DREAMers – el nombre viene de las siglas en inglés un programa de inmigración -son unos 800,000 jóvenes indocumentados en su mayoría latinos  que llegaron de niños al país, y bajo el programa DREAM pueden trabajar y o estudiar legalmente en Estados Unidos por un tiempo definido. Normalmente es válido para dos años, y puede ser extendido, como un tipo de amparo. Trump había prometido eliminar el programa, y muchos temían ser deportados a países que ya no conocen. Con esta decisión de dejar a los DREAMers tranquilos, Trump rompe una de sus más controversiales promesas de campaña, pero a la vez tira al barranco a los padres indocumentados de jóvenes ciudadanos al cancelar un programa que ofrecía residencia legal a quienes tengan hijos nacidos en Estados Unidos. Ahora estos padres pueden ser deportados, en una postura ilógica de una administración conocida por una política anti-inmigrante que dice que los jóvenes indocumentados menores de edad se pueden quedar, así como los menores nacidos aquí. Pero sin sus padres. Esta semana también el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, estuvo en Washington para impulsar a la isla como estado de la nación americana. Hay ahí una historia complicada; políticamente la isla es parte de EU y los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses al nacer. Pero Puerto Rico atraviesa por una crisis económica tan aguda que muchos residentes han emigrado en busca de trabajo, y ya hay más puertorriqueños en EU que en la isla. La semana pasada el gobierno de la isla, controlado por el partido que aboga por la estadidad, auspició un plebiscito donde se le preguntaba al votante si preferían estadidad, independencia, o la actual relación de territorio estadounidense. El 97 % del electorado votó por la estadidad, que sería impresionante si no fuera porque la oposición propuso la abstención, y casi un 80 % de los votantes lo hizo. Bajo esa nube estuvo el viaje de Rosselló a Washington. Insistió en que “la gente ha hablado” y que el Congreso y la Casa Blanca deben considerar “el mandato” de los resultados e iniciar un proceso hacia la estadidad. Rosselló y quienes abogan por la estadidad insisten que es “ahora o nunca” y que ya no se puede esperar. Pero como ocurre, el que está a cargo controla el debate, y en este caso el Congreso está al mando y con poco interés de cambiar las cosas, tal y como están con el tema del control de armas. *Catedrática Universidad Anáhuac.