La despolitización de la seguridad y justicia debe de ser el objetivo para alcanzar un mejor nivel de seguridad en México. Al sector de seguridad pública y justicia en México le urge evolucionar y el reto principal deberá de ser lograr la profesionalización total de sus mandos. Para ello es necesario que se emprenda un rápido proceso que divorcie al aparato de seguridad de la clase política y le permita desarrollarse y profesionalizarse sin necesidad de preocuparse por los cambios burocráticos.
A siete años de la primera Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), los resultados no parecen mejorar. ENVIPE 2016, la más reciente, nos recuerda que son las fuerzas armadas las que continúan siendo –por abrumadora mayoría- las autoridades a las que la sociedad le tiene más confianza: 87% en el caso de la Marina y 85% en el caso del Ejército; La Policía Federal es la más cercana pero se encuentra 20 puntos abajo que el Ejército. En cuanto a la percepción de corrupción, en todos los casos, más del 55% de la población considera que todas las policías son corruptas.
Mientras las policías e instituciones de seguridad y justicia continúen estando al mando de políticos o de individuos designados por políticos, su capacidad, eficiencia y honradez van a estar comprometidas con lealtades partidistas o individuales. El resultado: instituciones –en todos los niveles- que se reciclan cada tres o seis años pues a la redesignación de altos mandos, le siguen movimientos de cascada en cuanto a mandos medios, planes, despliegue, enfoques, estrategia, uniformes y hasta rótulos de las patrullas... ¿Cómo podemos desvincular la función de seguridad pública del Ejecutivo? La Seguridad Publica debe cambiar de ser una “obligación del Estado” a convertirse en una “función de Estado.” Ante consulta de quien escribe me indica (mi antiguo colega) Jose Ariel Cortes Ávila, Licenciado Especialista en Derecho Penal y Diplomado en Seguridad Pública, que una salida poco explorada es que fuera un Organismo Constitucional Autónomo con capacidad técnica y presupuesto propio, el encargado de brindar la Seguridad Pública, ya sea de manera Nacional o bien replicado como modelos en cada Estado de la República. Y que dicho Órgano se vinculara estrechamente con el Observatorio Ciudadano para construir políticas públicas y política criminal. Lo mismo para las procuradurías y policías ministeriales. Sumo a esto la importancia de estos órganos elijan únicamente a profesionales de carrera como altos mandos (secretarios, directores de policía y procuradores) para periodos transexenales -quinquenales y con opción a un segundo término, también quinquenal- electos por miembros de dichos órganos, no designados por políticos. Gente íntegra que quiera cambiar al país y que no tenga que preocuparse por las vicisitudes de la clase política ¿Qué hay que cambiar la Constitución? Pues se cambia, porque el resultado actual no está funcionando.
Se necesita un modelo que se apegue lo más posible a la realidad –no al revés- y que se vaya transformando y mejorando constantemente, pues es también una falacia el intentar diseñar un modelo perfecto. Tiene que ser flexible, adaptable a diferentes escenarios.
Por la misma necesidad de seguridad, e independientemente de retórica electorera, la aplicación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior y va a continuar muy probablemente en el largo plazo (dependiendo lo que entendamos por largo plazo, lo propongo como los siguientes diez años). El Ejército ha llevado a cabo labores de seguridad interior desde su creación, es decir, no fue un Ejército establecido para detener a un enemigo extranjero, desde su organización ha servido para de alguna manera proteger a México de su peor enemigo: Sí mismo. Por ello es importante que su actuar quede claro y legalmente reconocido en este espacio tan crítico. Ya habrá tiempo en el largo plazo para redefinir las misiones de las fuerzas armadas, pero por ahora queda claro que continúan siendo las instituciones punteras en materia de seguridad en México. Lejos de temer la “militarización” de la seguridad pública, debemos de analizar y absorber que es lo que está funcionando, específicamente para construir instituciones confiables. Una línea de mando basada en disciplina, profesionalización y meritocracia le da fortaleza y certidumbre a estas instituciones.
Lo mismo puede ser aplicado a las instituciones de seguridad y justicia sin tener que militarizarlas. Tampoco se trata de “pagarles más” ese es un argumento superficial y poco estudiado, se trata de crear un plan de vida para los encargados de nuestra seguridad en el que aparte de una compensación plena tengan opción a crecer dentro de sus instituciones mediante meritocracia. La compensación debe de incluir un salario digno, desde luego, pero hay otras variables que son más importantes y que pueden afectar el que las familias de sus integrantes tengan acceso a un elevador social, por ejemplo acceso a créditos para vivienda, servicios de salud de primera y becas educativas para sus dependientes y el debido reconocimiento en sociedad por su servicio. Esto último no sucede de la noche a la mañana, pero si comenzamos a cambiar esto ahora, tal vez nos toque verlo.