Arturo Sánchez Gutiérrez: Comportamiento atípico, pero…¿fraude?

OPINIÓN

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Después de las elecciones tres debates diferentes están vigentes: en primer lugar, los perdedores alegan que el ganador rebasó los topes de gastos de campaña. Esto será resuelto por la Comisión de Fiscalización del INE, y después en el TEPJF. No hay más que esperar y seguir el proceso de fiscalización. El segundo debate plantea que se presentaron una gran cantidad de irregularidades y los partidos exigen su aclaración. Para ello el INE ofreció presentar un informe detallado al Consejo General.   El tercer debate plantea que existieron operaciones de fraude electoral durante la jornada del 4 de junio. Las autoridades han negado categóricamente esa posibilidad. Yo estoy de acuerdo con esa conclusión. Se trató, eso sí, de elecciones muy competidas en el Estado de México y Coahuila, en las que cualquier incidente, retardo o mala operación de los procedimientos generan suspicacias, pero no acreditan fraudes. Hace bien Lorenzo Córdova, en reconocer que en Coahuila el PREP tuvo un comportamiento atípico, y que se hará la investigación correspondiente. Igualmente resulta oportuno que se presente un informe sobre los sistemas de cómputo, la operación de los PREP y lo que pidan los partidos políticos. En un mundo feliz no debiera haber ninguna irregularidad, porque se mina la certeza del proceso. Sin embargo, el presunto mal uso de recursos por parte de los candidatos, o la mala operación de algunos procedimientos no implica fraudes, manipuleo de votos o alteración de la voluntad popular. La virtud de nuestro sistema consiste en los mecanismos que permiten una y otra vez verificar los resultados, a pesar del retraso de algunos conteos rápidos o que el PREP de Coahuila solo alcanzara el 71.92% de las actas. Eso deberá aclararse a la brevedad, pero lo cierto es que los partidos tienen copias de las actas, que además se hicieron púbicas. Por ello los cómputos distritales, acta por acta, resultan de la mayor importancia. Como en toda elección, muchas casillas serán impugnadas y los tribunales harán los ajustes legales a los votos emitidos. Ello siempre ocurre así, pero no es suficiente acreditar un fraude orquestado. Lamentablemente, el discurso del fraude es contagioso, deja huella en la ciudadanía, desacredita a las autoridades y debilita a las instituciones. Resulta irresponsable propagar esos alegatos cuando el 2018 está a la vista y no se tienen las pruebas en la mano. Los errores se explicarán, el INE preparará mejor la elección, pero la credibilidad se daña en perjuicio de todos. Se antoja que impere la serenidad y dejar a las autoridades hacer su trabajo y resolver las disputas.   *Decano Asociado de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, Tecnológico de Monterrey