El caso de la familia Agraz –cuya madre de 3 niños alegó hasta el cansancio el abuso sexual al que eran sometidos sus hijos por parte del padre biológico de los menores, pero en vez de que la justicia los protegiera terminó destrozándoles la vida al entregarlos al violador– no puede pasar a la historia como un acto monstruoso nada más porque se trata de una decisión inaudita en la segunda ciudad más importante del mundo tomada por una mujer depresiva por la impartición de justicia que terminó favoreciendo al victimario y no a las víctimas.
A 3 meses de la llegada del magistrado Álvaro Pérez Juárez a la presidencia del TSJ, el organismo ha caído en una de las peores crisis desde su constitución porque la historia de los Agraz evidencia la corrupción de las instituciones locales a punto de cumplirse un año de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, que ante todo debería dar su protección a las víctimas de los delitos por encima de cualquier cosa.
El trabajo, sin embargo, de Cristina Rosello, jueza del décimo familiar, quien terminó deshaciéndose del caso para entregarlo a su colega del undécimo Silvia Araceli García Lara, pone el trabajo de la impartición de justicia de la CDMX como el de una nación de café con leche en la que no sólo la corrupción e impunidad ocurren en procesos electorales o en las arcas de los gobiernos que pueden ser saqueadas con toda facilidad, o que el crimen organizado tiene de rodillas a nuestras autoridades, sino que el derecho está más torcido que nunca hasta en juzgados familiares.
A Silvia Araceli no le importaron las pruebas obtenidas por la propia Procuraduría de la ciudad que documentan cómo el padre de los niños Agraz, de 10 años el mayor y unas gemelas de 8, fueron atacados sexualmente y tocados por quien debía anteponer su vida para que ellos siempre estuvieran bien.
Las juezas del diablo: Rosello y García Lara deben ser investigadas porque a todas luces hay pruebas de que la última fue más allá de la extralimitación de sus funciones, pues se tomó atribuciones que ni siquiera eran demandas por el padre de los niños: le quitó la patria potestad a Mireya Agraz para dársela a él y condenó a los abuelos, o sea a los padres de Mireya, para que no volvieran a acercarse a sus nietos.
El magistrado Pérez Juárez debe transparentar este caso y en su caso fincar responsabilidades o llevará muchos años reparar la credibilidad de la justicia local de por sí vapuleada en el sexenio que termina y el padre de los menores debería estar compareciendo ya ante la autoridad en su calidad de violador.
Mientras, tanto la abuela de los niños se debate con la muerte como única sobreviviente de la familia –abuelos, hija y nietos– que ingirieron veneno creyendo que la CDMX era parte de un mundo en que se podía vivir mejor.
CRUZADO. Para acabar con los Borge y Canto, en Quintana Roo, el Congreso convocó a extraordinario: va a eliminar el fuero y el IPAE, desde donde el ex gobernador se robó 9 mil 550 hectáreas de playas.
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